Indefensión e inocencia

Escalofriante. Asombra comprobar cómo en una democracia puede distorsionarse la honradez de una persona mediante filtraciones con disfraz de imputación que, después, ni siquiera son incluidas por el juez instructor. Así ha sucedido en el auto remitido por Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre el presidente de la Generalitat. Parece mentira que el máximo representante de esta autonomía vea su nombre interesadamente mancillado a propósito de una trama «caso Correa» que comenzó con indicios de cohecho en Boadilla del Monte y que nada tiene que ver con su región. Algo extraño sucede con nuestras leyes porque los juicios paralelos se producen con demasiada frecuencia, especialmente si se trata de personas públicas. Indefensión sin presunción de inocencia. En este caso, Francisco Camps parece obligado a demostrar su inocencia, obligación que no tiene el que acusa. Después del escándalo mediático, la referencia a Camps se limita a la declaración de una persona bajo sospecha, un sastre acusado de emitir facturas falsas. Por lo demás, nada de nada. El juez Garzón no incluye una sola letra sobre los PAI de La Nucía (Alicante) y Xilxes (Castellón), que sin embargo sí ocuparon grandes espacios periodísticos como argumento para sustentar la trama de corrupción iniciada en Madrid. Ni se han aprobado esos PAI ni se citan en el auto. Su señoría tampoco cuestiona en momento alguno la legalidad en la adjudicación de la instalación del «stand» valenciano en FITUR, otro de los capítulos fulgurantes de la referida cruzada mediática. Si realmente se hubieran detectado irregularidades, el juez las hubiera sustanciado en su escrito. Al no hacerlo, todo se convierte en pura demagogia. Y lo mismo sucede con otras dudas aireadas para empañar las actuaciones administrativas en la «Volvo Ocean Race», la Fórmula 1 y la Copa América. Si como telón de fondo había algún otro interés inconfesable, el fracaso no ha podido ser más sonado.