Industria avisa a Garoña de que «no dificulte» el cierre

MADRID- La orden ministerial de Industria sobre el cierre de Garoña, que hoy se publica en el BOE, intenta blindar una posible prórroga de actividad más allá de 2013. «El titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida». Es decir, el Ministerio quiere manejar el calendario de actuaciones para impedir que otra decisión de un nuevo Gobierno, tras las elecciones de 2012, pueda permitir que la planta siga funcionando.El almacén de residuosIndustria señala que, previo informe del CSN, establecerá las condiciones a las que se deberá ajustar las actividades a realizar en la central hasta la obtención de la autorización de desmantelamiento, un proceso que, según el Gobierno, generará «más residuos radiactivos» que otras centrales. En este sentido, el Gobierno vincula el cierre en 2013 a la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, que, sin embargo, lleva varios años de retraso, informa Efe.En el caso de que Nuclenor decida cesar la actividad antes del 6 de julio de 2013 deberá comunicarlo con un año de adelanto y, dice la orden, «no podrá usar las recargas para finalizar la actuación antes de la fecha» (ayer explicábamos en este periódico que Nuclenor cerraría, en todo caso, en marzo de 2013, que es cuando toca hacer una nueva recarga).Por otro lado, ayer el Gobierno reconoció que el Plan Garoña está aún por hacer. Así lo admitió la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que tras el Consejo de Ministros hizo públicas las «medidas para la dinamización e impulso económico y social de Garoña». La expectación era alta. El día anterior, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunciaron el cierre de la planta en 2013, pero ante la insistencia de los periodistas explicaron que sería el viernes cuando se conocieran más detalles del plan. Sin embargo, las palabras de De la Vega no descubrieron nada nuevo. Se volvió a repetir un mensaje futurible y condicionado que, eso sí, se concretará en los próximos tres meses, y se anunció que la coordinación se hará desde Presidencia del Gobierno. Además, la vicepresidenta volvió a insistir en que «la decisión no es reversible. En cuatro años cerrará pero se habrá abierto una gran ventana a un futuro sin incertidumbres». Con estas palabras, confirmaba De la Vega ayer el «cierre definitivo» de la central nuclear de Garoña para el 6 de julio de 2013.«El cierre es político»La vicepresidenta afirmó también que «el cierre es político e irreversible», ante el anuncio que hizo el líder del PP, Mariano Rajoy, de paralizar el fin de la central si su partido gana las generales de 2012. La portavoz del Ejecutivo señaló que no se trata de «una orden de renovación de la explotación», sino que es un «cese de actividad definitivo», para el que se desarrollarán una serie de medidas previas «para garantizar que el plazo de funcionamiento finalice en cuatro años». Por ello, quiso contestar a Rajoy que «no es imaginable que alguien vaya a cambiar esa decisión. No sería razonable». Y aprovechó para cargar contra el principal partido de la oposición por el cierre de la central de Zorita en la era Aznar: «Entonces era bueno, pero ahora es un Gobierno del PSOE y es malo», apuntó. (No explicó que la decisión del CSN entonces fue negativa a la continuidad de Zorita).Respecto al Plan de Dinamización del Área de Garoña, De la Vega se comprometió a que estará listo en un plazo máximo de tres meses y que, bajo la coordinación de José Luis Rodríguez Zapatero, contará con la participación de todas las administraciones. Un plan que, aseguró, «garantizará todos los empleos».

Críticas dentro del PSOEEl ex presidente del Gobierno Felipe González volvió a insistir en que si el CSN, que es el único que tiene autoridad para decidir si es útil una central nuclear y durante cuánto tiempo, ha dicho que la central de Garoña tiene vida útil durante diez años, «pues que siga funcionado los diez años», apuntó. También el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, manifestó en su página web que era partidario de «cumplir la recomendación del CSN».