La Audiencia envía a prisión a la cúpula proetarra ante su inminente condena

MADRID- Sólo seis de los 52 procesados por formar parte del supuesto entorno de ETA conocerán la sentencia en libertad. Los otros 46 –entre ellos el ex dirigente de KAS Xabier Alegría, el antiguo miembro de la mesa nacional de Batasuna Carlos Trenor y el abogado de etarras Txema Matanzas– lo harán en prisión. La Audiencia Nacional ordenó ayer la detención de todos ellos ante su inminente condena a 527 años de cárcel. Según informaron fuentes jurídicas, a catorce de los acusados se les impondrán penas de entre doce y 18 años como dirigentes de la organización terrorista, incluidos Alegría (condenado por este delito y por alzamiento de bienes a 18 años de prisión); Matanzas (14 años), considerado el enlace de la banda con los presos etarras; la responsable de Comunicación de Xaki, el supuesto aparato internacional de la banda, Elena Beloki (13); Juan María Mendizábal, liberado de KAS, el brazo político de la banda terrorista (13) y Xabier Maria Salutregi, ex director del diario abertzale «Egin» (12), quien según el fiscal Enrique Molina fue designado para el puesto por la banda terrorista.

Otros 17 son considerados meros integrantes de banda armada (penas de once a 18 años de prisión). En esta situación están Xabier Arregi, Imanol Iparragirre y Natale Landa, según la Fiscalía «liberados» de ETA que participaban en la estructura interna de EKIN, la avanzadilla política de los terroristas, condenados a la misma pena: once años.

A trece más se les tacha de colaboradores de la organización (de nueve a trece años), delito por el que Teresa Toda, ex directora adjunta de «Egin», será condenada a diez años de cárcel. Isidro y Francisco Murga, administrador único y consejero de Orain, han compartido condena: diez años de prisión. Por último, el tribunal ha concluido que Francisco Javier Otero e Ignacio José Zapiain incurrieron en insolvencia punible con fines terroristas, castigada con cuatro años de cárcel.

La Audiencia Nacional decidió ordenar la detención de estos 46 procesados en el macroproceso del sumario 18/98 –que para la izquierda abertzale significó, desde su comienzo, el paradigma de toda la «represión judicial» contra sus integrantes–, al entender que existe un «elevado riesgo de fuga» ante la inminente notificación de la sentencia, que podría producirse el próximo día 10. Al cierre de esta edición, 28 personas habían sido ya detenidas. A tres no hubo que arrestarlas, pues ya se encontraban en prisión por otras causas.

Al abogado Matanzas, ni siquiera hubo que localizarlo. El letrado fue detenido cuando se encontraba en la madrileña cárcel de Soto del Real, adonde había acudido para visitar a su compañera sentimental. Otros de los detenidos por la Policía y la Guardia Civil son Elena Beloki; Jesús María Zalakain, secretario del Consejo de Administración de Orain, empresa editora del diario «Egin» (condenado a nueve años de cárcel), y Xabier Balanzategi, «liberado» de ETA en EKIN, sucesora de KAS (once años).

Pero estas detenciones no significan que el resto de los procesados vayan a ser absueltos sino, simplemente, que sus condenas serán menores o que ya cumplieron en prisión preventiva el tiempo que les correspondería a tenor de la pena que les será impuesta. De hecho, fuentes jurídicas aseguran que finalmente otros cuatro procesados podrían serán condenados.

Los acusados se enfrentaban a penas que oscilaban entre los cuatro y los 19 años de prisión, después de que la Fiscalía rebajase su petición de más de 1.000 años de condena a 484. El juicio, que comenzó en noviembre de 2005 y concluyó en marzo, fue un cúmulo de contratiempos por el obstinado empeño de la izquierda abertzale en impedir su normal celebración. Peticiones de nulidad, suspensiones, plantes y un sinfín de incidentes fueron una constante.

«Inmensa satisfacción» del PP

La nómina de procesados cuya detención fue ordenada ayer por su supuesta relación con el andamiaje político, mediático e internacional de ETA incluye también a Juan Pablo Diéguez, administrador de Gadusmar, empresa que ayudaba económicamente a etarras afincados en Cuba; José Antonio Etxeberria, responsable de tesorería de KAS, y Rubén Nieto y Olatz Altuna, considerados impulsores del proyecto de desobediencia civil alentado por ETA que propugnaba el DNI vasco.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prefirió no valorar la decisión de la Audiencia. Sí lo hizo el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, quien expresó la «inmensa satisfacción» de su partido porque se estén «culminando largos años de trabajo contra el corazón de la organización terrorista ETA», informa Efe. Mientras, el presidente «in pectore» del PNV, Iñigo Urkullu, se quejó de que los arrestos suponen «un paso más en el camino hacia el descrédito» que, según él, ha decidido seguir una parte de los tribunales.