La Audiencia recibe la primera demanda de un absuelto del 11-M

«En su barrio le conocen, no puede entrar en el transporte público por temor a ser reconocido y ha perdido a sus amigos y conocidos». A lo largo de 47 folios, Eduardo García Peña, el abogado de Brahim Moussaten, uno de los absueltos por los atentados del 11-M, detalla de forma prolija los perjuicios que ha ocasionado a su cliente que durante 863 días (168 de ellos en prisión en régimen de aislamiento), desde su detención el 1 de febrero de 2005 hasta su absolución el 4 de junio de 2007, «haya sido considerado terrorista y colaborador en el mayor atentado terrorista sufrido en nuestro país».
Moussaten reclama al Estado 1,2 millones de euros de indemnización por lo que considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Su demanda –que, como informó este periódico, ya ha cosechado la negativa del Ministerio que dirige Francisco Caamaño– ha sido presentada a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y es la primera que llega al Alto Tribunal de uno de los absueltos por los atentados de Madrid, que se cobraron la vida de 191 personas.
En su escrito, García Peña hace hincapié en que esos dos años y medio de «pena de banquillo» se han traducido para Moussaten en la pérdida de su trabajo y en «la más absoluta precariedad económica», unos daños que, según el letrado, «no se hubieran producido si la Administración hubiera actuado correctamente».
En su lugar de residencia, la localidad madrileña de Leganés (donde se suicidaron siete de los autores materiales del 11-M), afirma el abogado, a Moussaten todavía le reconocen, cinco años después, como «el terrorista del 11 de marzo». Además, se queja, le resultaría «imposible» cambiar su residencia en busca del anonimato «dada la publicidad de sus datos y su imagen a nivel mundial» durante los cuatro meses y medio de juicio.
Además de perder el trabajo (cobraba 1.000 euros al mes como peón de albañil en el momento de producirse los atentados) y a sus amistades, «sufre un más que justificable temor a salir a la calle y ser reconocido, por lo que apenas sale de casa». Ni siquiera «puede usar el transporte público», añade. El escrito abunda en el «rechazo social» que padece Moussaten –acusado por la Fiscalía de colaboración con organización terrorista, por lo que se enfrentó a una petición de condena de seis años de prisión– y en los «daños psíquicos sufridos» tras su paso por prisión y a consecuencia de su enjuiciamiento. Su abogado achaca su situación a «un cúmulo de decisiones policiales y judiciales arbitrarias e indiscriminadas» y reitera que «desde el inicio había una ausencia absoluta de indicios» contra su defendido.
El Ministerio Público mantenía que Moussaten facilitó a uno de los huidos del 11-M el teléfono en Bélgica de su tío Youssef Belhadj, absuelto por la Audiencia Nacional de ser uno de los «cerebros» de los atentados de Madrid. Según alegó Justicia el pasado febrero, Moussaten fue absuelto por falta de pruebas y «no está acreditada» su «falta de participación» en los atentados. Ahora, la Audiencia Nacional tiene la palabra.

4 Perjuicios
1/ «Pena de banquillo»
Moussaten pasó 168 días en prisión en régimen de aislamiento y durante dos años y medio fue relacionado, según su abogado, con «el más execrable delito para la sociedad», el asesinato de 191 personas el 11-M.
2/ Rechazo social
El «notorio rechazo social» que padece, afirma en su demanda, «no precisa de prueba alguna». En Leganés, se queja, todavía le conocen como «el terrorista del 11-M», ha perdido su trabajo y tiene miedo a salir a la calle.
3/ Indemnización
Los 1,2 millones de indemnización que reclama al Estado por funcionamiento anormal de la Justicia, dice el abogado de Moussaten, son «absolutamente proporcionados a los daños y perjuicios causados».
4/ Indicios falsos
Toda la imputación contra él, se queja el letrado, «parte de datos erróneos que desde el inicio se pusieron en evidencia», pero la Administración de Justicia «hizo caso omiso a la evidencia de inocencia».