La cruzada europea contra el p2p

MADRID- «p2p» es sinónimo de fraude para los principales Gobiernos europeos que creen que para atajar la «piratería» en internet lo mejor es empezar por cortar esta vía de intercambio de ficheros entre usuarios. Desde que el impetuoso Sarkozy tomara cartas en el asunto con una propuesta legislativa cuya medida coercitiva mayor era dejar a los «piratas» reincidentes sin conexión a la red, se ha generado un debate, no sólo en Francia, sino en todo el continente entre las fuerzas políticas, los internautas, los prestadores de servicios y las entidades de gestión. He aquí algunos ejemplos.

- La particularidad italiana. Este país se sumó el pasado jueves a la doctrina de Sarkozy para poner coto a la piratería digital. El ministro de Cultura, Sandro Bondi, ha creado un comité dedicado a estudiar cómo adaptar el derecho de autor a la era digital. Este órgano está formado por delegaciones de los ministerios de Cultura, Interior, Exteriores, Desarrollo Económio y Justicia. También tendrá un lugar destacado la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE).El comité pretende recoger las propuestas de los ciudadanos, por lo que ha habilitado un espacio virtual en el que los internautas pueden expresar sus opiniones. La «piratería» en Italia también es un nicho de negocio aprovechado por las mafias. Hace un par de meses se supo que la Camorra distribuía copias falsas de la película «Gomorra» en los quioscos de Nápoles. Paradójicamente, se trata de un film que denuncia los crímenes de este grupo mafioso.

- La contundencia francesa. Con toda probabilidad, el proyecto de ley preparado por el Gobierno galo para perseguir la descarga y manipulación ilegal de las obras culturales en la red se materializará a finales de este primer semestre. El controvertido texto ha superado la primera fase del trámite parlamentario y a falta de que la cámara baja, la Asamblea Nacional, lo examine y vote como muy tarde el próximo mes de marzo. La denominada «Ley de Creación e Internet» prevé que si un usuario es detectado por los sistemas de vigilancia anti-piratería recibirá un primer aviso en forma de correo electrónico, al que seguirá, como segunda adverten- cia, una carta certificada en caso de reincidir. El tercer paso consistiría en la suspensión temporal del acceso a internet si el particular hace caso omiso a los avisos. Esta medida punitiva, que en la práctica aplicarán los propios provedores de internet, puede variar entre tres meses y un año de privación total de conexión. El Ejecutivo pretende disminuir en un 80 por ciento este tipo de prácticas e inducir al internauta a consumir los productos culturales digitales por los canales lícitos. Así se contempla la posibilidad de suprimir los DRM, los dispositivos anti-copia, en la oferta legal de música «on-line» que hasta ahora impiden su grabación en algunos soportes e incluso la reproducción en determinados lectores.

- La indulgencia británica. En julio, el Gobierno puso su firma a un acuerdo con las seis más importantes proveedoras de internet para acabar con la piratería. Después de largos años de negociaciones se cerró el «Memorando de Entendimiento», un pacto que obliga a estas empresas a enviar cartas de advertencia a los usuarios que descarguen contenidos de la red de forma ilegal, algo que hacen 6,5 millones de británicos. El acuerdo insta a los proveedores a desarrollar servicios musicales legales. Los «piratas» que no hagan caso de las advertencias pueden ver reducido el ancho de banda de su conexión a Internet. En la actualidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de consultas para la elaborar una futura promulgación de leyes que regulen esta materia si las medidas del entendimiento no son efectivas.

Caso español: una ley en fase de estudio
A pesar de que para el ministro de Cultura español, César Antonio Molina, el asunto de la piratería es una prioridad, las medidas, que se articularán en una futura Ley de Internet, aún se encuentran en fase de estudio. Ya la formación de la comisión que examina las propuestas ha levantado ampollas entre los internautas, que echan en falta a quien les represente de manera adecuada y, sin embargo, ven demasiados miembros «institucionales» del negocio de la cultura. Su malestar ante la posibilidad de que el Gobierno Zapatero asuma la doctrina Sarkozy y el Código de Buenas Prácticas que, según ellos, atenta contra algunos derechos civiles de los internautas, se ha materalizado a través de la campaña de internet «MolinaPirate!» que busca a través de Twittter los mejores «slogans» para pedir la dimisión del titular de Cultura. Las presiones de los usuarios hacen que ya se maneje una versión no tan contundente de la futura normativa, como ir bajando progresivamente la velocidad de conexión de los infractores y también que aquellos que se descarguen más contenidos paguen una tarifa mayor que los que sólo se dediquen a navegar por la red. Frente a los internautas está la postura de la Sgae y otras entidades de gestión, así como las discográficas y salas de cine, que consideran urgente frenar el intercambio de ficheros p2p.