La Ley de Educación de Cataluña nace con la oposición de los sindicatos y de la comunidad educativa

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) ha sido refrendada hoy en el Parlament con un amplio consenso político que contrasta con el rechazo frontal que ha suscitado entre los sindicatos de docentes y la oposición más moderada de otros miembros de la comunidad educativa como asociaciones de padres y alumnos. Durante el más de año y medio de elaboración del documento de bases y la tramitación parlamentaria posterior, la ley ha servido para justificar cuatro convocatorias de huelga entre los docentes de la escuela pública. Algunas de ellas, como la primera, celebrada el 14 de febrero del 2008, y la tercera, del 19 de noviembre del mismo año, fueron ampliamente seguidas por los maestros y profesores, aunque las otras dos convocatorias lo fueron menos, en especial la última, el pasado 10 de junio, cuando fue casi insignificante el porcentaje de docentes que se sumó a un paro parcial de tres horas. Los sindicatos, con matices diferentes, han denunciado que la ley incrementará las desigualdades que ya existen en el sistema educativo catalán y la dualidad entre la red pública y la privada concertada y que es "regresiva", al tiempo que reprochan a la consellería de Educación que desregularice con esta ley las condiciones laborales de los docentes. Las asociaciones de padres de alumnos Fapac y Fapaes, la organización de alumnos Ajec y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRP) han expresado también su temor de que la ley, que consideran muy ambigua, pueda convertirse en un instrumento que sea utilizado en contra de la escuela pública. Todas estas organizaciones aseguran que ello es posible porque la LEC deja la puerta abierta a la posibilidad de perpetuar la doble red de centros públicos y concertados y puede alejar al sistema educativo público de los objetivos de calidad y equidad que motivaron la firma del Pacto Nacional de Educación (PNE). En concreto, denuncian que la ley no asegura que todos los centros financiados con fondos públicos (sean de titularidad pública o concertados) estén obligados por igual a escolarizar a todos los alumnos, entre ellos a los inmigrantes y aquellos con necesidades especiales. Además, afirman que la ley tampoco obliga a todos los centros que reciben dinero público a no separar a los alumnos por sexo, y no garantiza que las necesidades de escolarización sean satisfechas con una oferta pública suficiente, lo que deja la puerta abierta a subvencionar iniciativas privadas en niveles que ahora no están concertados como el bachillerato y la formación profesional de grado superior.