La Ley de Publicidad Institucional más completa de España en Castilla y León

VALLADOLID- Se acabaron las improvisaciones o preferencias de cualquier tipo en la publicidad institucional en Castilla y León. La nueva Ley aprobada en las Cortes por el consenso del Partido Popular y el Partido Socialista de esta Comunidad, así como de los leonesistas, no deja lugar a dudas: a partir de ahora se garantiza la neutralidad de los poderes públicos y la calidad democrática, a través de una Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, que se encargará de velar porque se cumplan a rajatabla todos estos principios.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, presentó ayer en el Parlamento autonómico un proyecto de Ley «sencillo y consensuado» por toda la sociedad castellano y leonesa que, entre otras cosas, deberá velar por la adecuación de las actuaciones, resolver las solicitudes de cese y modificación de los contratos, realizar recomendaciones así como encuestas y estudios y elaborar un informe anual sobre la actividad de la publicidad institucional. De Santiago-Juárez anunció que dentro de seis meses la Junta deberá enviar a las Cortes el proyecto de Ley de creación del Consejo Audiovisual de Castilla y León, que será el órgano encargado de asesorar y promover el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios. El portavoz advirtió que este Consejo, al contrario de lo que ocurre en Cataluña o Andalucía, no tendrá funciones ejecutivas y no tendrá entre sus cometidos conceder o revocar licencias de radio o televisión, o controlar y sancionar por el incumplimiento de los contenidos, como así ocurre en estas comunidades. La Ley incluye también la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT como órgano para determinar las necesidades de interés público de este servicio así como las condiciones de financiación.

Entre sus limitaciones, la publicidad institucional queda prohibida durante los dos meses que transcurren desde el día que se convocan las elecciones, ya sean autonómicas o locales, hasta su celebración.