La sentencia del Estatut para el otoño

MADRID-La resolución de los recursos interpuestos contra el Estatut se retrasará hasta el próximo otoño. Ayer se celebró el último pleno convocado para este mes, sin que las deliberaciones hayan llegado a buen puerto, por lo que las expectativas de que se pusiesen fin a unos recursos que esperan desde hace más de tres años se han desvanecido. El borrador de sentencia, redactado por la ponente de la misma, Elisa Pérez Vera, no la logrado suscitar el consenso necesario, pese a que ya existe un acuerdo mayoritario en algunas cuestiones relevantes, como las relativas a las competencias exclusivas del Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), donde se prevé declarar su inconstitucionalidad, según fuentes jurídicas. De esta forma, los diez magistrados que deben pronunciarse sobre estos recursos no volverán a reunirse en pleno hasta septiembre. Precisamente, sobre esta cuestión se pronunciaba recientemente la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, en una entrevista a LA RAZÓN, en la que afirmaba que la sentencia «debería satisfacer a todos, porque será la aplicación de la propia Constitución.Y sobre los más de tres años que llevan los recursos en el TC, aludió a los más de 180 preceptos impugnados del Estatut y a la «gran complejidad por razón de la materia» que entraña. «Es una impugnación muy importante, tanto cuantitativa como cualitativamente hablando y el Tribunal tiene que responder a la altura de la impugnación». En todo caso, dejó claro que el proceso de deliberación no quedó «expedito» hasta el 17 de diciembre de 2007, toda vez que antes hubo que resolver otras cuestiones, tales como algunas recusaciones interpuestas contra algunos magistrados.

Respuesta a siete recursos planteadosEl recurso interpuesto por el Partido Popular no es el único de los presentados contra el nuevo Estatut, aunque sí el más relevante desde el punto de vista de los preceptos impugnados. El Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia e Islas Baleares también recurrieron distintos artículos de la norma estatutaria en cuestión. Así, el Defensor del Pueblo recurrió contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales referidos a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, Justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional. Las comunidades recurrieron al entender que el Estatut invadía sus competencias.