Las «facturas» del juicio del 11-M: más de un millón de euros para los absueltos

madrid- Dos años después de que el juicio más importante de nuestra historia reciente celebrase su primera sesión, el Estado ya tiene sobre la mesa la primera reclamación de uno de los once absueltos. Quien ha abierto esa vía es Brahim Moussaten, a quien tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones retiraron todos los cargos al terminar el proceso. Moussaten pasó siete meses en prisión. Su abogado, Eduardo García Peña, ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia por la que reclama para su cliente 1,2 millones de euros por lo que considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

No será el único. Antes del verano al menos otros tres absueltos -Mouhannad Almallah Dabas, Abdelilah El Fadoual El Akil y Raúl González Peláez- presentarán una demanda similar que superará, en conjunto, el millón de euros. A Moussaten se le acusó de facilitar a uno de los terroristas del 11-M huidos tras la matanza el teléfono de su tío Youssef Belhadj (señalado por el Ministerio Público como uno de los «cerebros» de los atentados y condenado a doce años de cárcel, aunque no como autor intelectual).

El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo (donde suelen terminar muchas de estas demandas) es que si el acusado ha sido absuelto por falta de pruebas no tiene derecho a obtener una compensación. Hay que acreditar que su estancia en la cárcel se debió a un error judicial. García Peña sostiene que en el juicio «no se practicó ninguna prueba con resultado distinto al de la instrucción, por lo que, con los mismos indicios, cuando el fiscal pidió su ingreso en prisión lo hizo sin ningún fundamento».

El abogado explica que esa cantidad pretende paliar, además de su estancia en la cárcel, «el perjuicio moral causado a mi cliente, al que se vinculó durante años con un acto terrorista de la magnitud del 11-M; la pérdida de su trabajo; el rechazo social...».

Secuelas psicológicas
Pero si de la estancia en prisión se trata, Abdelilah El Fadoual El Akil, alias «Panchito», se lleva la palma. Pasó cincuenta y un meses (de abril de 2004 a julio de 2008) entre rejas. Presentado como la «mano derecha» de Jamal Ahmidan «El Chino», uno de los suicidas de Leganés, la Audiencia le condenó a nueve años de cárcel, pero el Supremo le absolvió. Su abogado, José Luis Laso, explica que el Tribunal Supremo ha determinado en sentencia que «la cantidad establecida por cada mes en prisión debido a un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es de 3.600 euros».

Con esas premisas, su defendido debería solicitar 183.600 euros, pero el letrado sumará a esa cantidad el perjuicio añadido porque «casi todo ese tiempo lo pasó en celdas de aislamiento, el daño a su imagen y la merma económica ocasionada». Laso presentará su demanda (que podría superar los 300.000 euros) de forma conjunta con otro letrado, Jesús Andújar, abogado de Almallah Dabas. Endika Zulueta, abogado de Raúl González Peláez, está a la espera de recibir un informe sobre las secuelas psicológicas en su cliente para determinar el montante de la indemnización. Los resultados de ese estudio (González Peláez, absuelto por el Supremo de suministrar los explosivos, sufrió una depresión tras ser acusado de los atentados) determinarán, junto a los gastos familiares por los continuos traslados a Madrid durante el juicio, la cantidad final reclamada.