Los eurodiputados quieren mantener las prebendas de las Cortes españolas

Quieren el sueldo de los eurodiputados, pero con las prebendas de las Cortes españolas. Así podría resumirse el escrito que ha llegado a la Mesa conjunta del Congreso y el Senado, firmado por los números dos del PSOE y el PP en Estrasburgo, Ramón Jáuregui y Luis de Grandes, respectivamente. Los firmantes exigen al Parlamento español que se les equipare a diputados y senadores en todo. Bueno, en todo, menos en el sueldo. Y es que un parlamentario nacional, complementos aparte, gana al mes entre 3.000 y 4.000 euros según la circunscripción a la que pertenezca, mientras que los 50 elegidos en las últimas elecciones europeas tienen establecido, según el nuevo Estatuto del Parlamento Europeo, una retribución fija mensual de 7.550 euros, además de asistencia médico-farmacéutica en toda Europa, vuelos gratis entre el país de origen y Bruselas o Estrasburgo, y dietas diarias de unos 300 euros para manutención y alojamiento. ¿Qué piden entonces? Muy sencillo: el sistema de protección social que rige para diputados y senadores. Uno, la Seguridad Social; dos: las pensiones máximas a las que tienen derecho por ocupar un escaño ocho años; tres: las tarjetas de Iberia que les permiten viajar gratis por el espacio áereo nacional; cuatro: las indemnizaciones por fin de Legislatura... La lista es inacabable. Pero hay dudas jurídicas y éticas al respecto. La primera es que la Seguridad Social no puede cubrir la asistencia de alguién que no cotiza en España. El resto, son de orden ético-moral, mucho más en un país que tiene más de cuatro millones de parados. Hasta la pasada legislatura europea eran las Cortes Generales de cada estado miembro de la UE las que se encargaban de las retribuciones de sus eurodiputados, por lo que, en el caso de España, el Parlamento nacional abonaba también las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, el régimen de retribuciones ha cambiado y será a partir de ahora el Parlamento Europeo el que se encargue de pagar los salarios.

El caso es que el escrito de De Grandes y de Jaúregui fue ayer analizado en una reunión conjunta de las Mesas del Congreso y el Senado durante más de hora y media. ¿Solución? No se encontró más allá de la constitución de una comisión de estudio integrada por la vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera; el secretario tercero del Senado, el popular Matías Conde (que aceptó el reto después de que el vicepresidente primero de la Cámara baja se negara a contribuir a este despropósito) y los secretarios generales de ambas Cámaras para que antes del 8 de julio se dé solución al «conflicto». Durante el debate se apuntó, sin demasiado éxito, la posibilidad de cada eurodiputado suscribiera un convenio individual para su cobertura sanitaria y para que no tenga que interrumpir su cotización a la Seguridad Social mientras esté en el Parlamento europeo.