Los jueces exigen «filtros» para salvar a los tribunales del colapso

MADRID- Aumentar la planta judicial, es decir, el número de jueces; una reforma en profundidad de la Administración de Justicia, y establecer algún tipo de «filtro» en los asuntos que deben resolver juzgados y tribunales son las principales medidas sobre las que existe coincidencia en que es necesario poner en marcha a corto plazo para «frenar» el atasco judicial existente. El último informe del Consejo General del Poder Judicial, adelantado ayer por LA RAZÓN, evidencia cómo 2008 se cerró con casi 2,8 millones de asuntos que esperaban una resolución y donde por vez primera el número de causas ingresadas superaba los nueve millones.Antonio García, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), subraya que los datos del informe ponen de manifiesto que hay un servicio público, la Administración de Justicia, «que no está en situación de rendir a niveles de eficacia y con la eficiencia que los ciudadanos reclaman». Y ello, pese al «sobreesfuerzo de quienes trabajan en las terminales de la Administración de Justicia», jueces, secretarios judiciales, funcionarios, etc.Para cambiar esta situación, considera que las primeras medidas a adoptar deben dirigirse a una «reforma estructural en profundidad de la Administración de Justicia, entendida como servicio público, y eso implica todas las reivindicaciones que están sometidas a negociación» con el Ministerio de Justicia.En este sentido, destaca como algunas de esas «medidas prioritarias» la necesidad de adecuar la planta judicial: «La actual es insuficiente y, por tanto, hay que aumentar el número de jueces y juzgados, que es indispensable para dar salida a todo ese volumen de asuntos a los que nos tenemos que enfrentar».Junto a ello, abogó por limitar los asuntos que deben judicializarse. «No se puede tener a jueces profesionales ocupados en temas menores. Hay que establecer "cortafuegos"», para que la Administración de Justicia no dedique sus esfuerzos, con todo lo que ello supone, a los asuntos de «baja intensidad».En una línea similar se expresó Ignacio Espinosa, portavoz de Jueces para la Democracia, quien destacó que el incremento de los asuntos pendientes «es una constante» de casi todos los años. «Entran más asuntos de los que somos capaces de resolver», asegura.Además, puso de manifiesto cómo España tiene una ratio de 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea «está casi en 20 y no tienen el mismo volumen de trabajo» que los españoles. De esta forma, ve imprescindible que cada año, «al menos durante una legislatura», se creen 300 nuevas plazas judiciales, cifra superior a las 250 ofertadas por el ministro Caamaño –la de Bermejo era de 150–.También valora como una medida positiva el que se pueda limitar el número de recursos que se puedan interponer, y coincidió con Antonio García en establecer algún límite a los asuntos que deben judicializarse. En este punto, consideró positivo «fomentar los juzgados de paz, porque no todo tiene que ir a los jueces profesionales, y podrían encargarse de los asuntos "bagatelas", de los menores», y, de forma paralela, incentivar la mediación y el arbitraje.Por su parte, Marcelino Sesmero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, reclamó un «efectivo y real» incremento en el número de jueces para cambiar la situación de atasco actual que padecen los juzgados. Sin ese aumento, dijo, «el sistema no tiene solución». Además, señaló que, «provisionalmente», el CGPJ podría reforzar los juzgados y tribunales más acuciados, «para que ese atasco no aumente».Medidas alternativasDesde el Foro Judicial Independiente, su portavoz, Conrado Gallardo, destacó que, en los últimos años, especialmente en los que Fernández Bermejo fue ministro, «no se ha hecho nada» para mejorar la Justicia.En cuanto al aumento de la litigiosidad, al igual que sus compañeros, señaló a la crisis económica como una de las causantes, y, por ello, defendió que para los «asuntos de poca importancia» se busquen «soluciones alternativas» a la judicialización. Igualmente, respaldó el restablecimiento de las tasas judiciales.Al margen de ello, reclamó igualmente un incremento de la planta judicial relevante, de tal forma que por cada cien mil habitantes se cuente con un mínimo de 15 jueces. Y, como aspecto fundamental, todo lo relativo a la modernización de la estructura y del sistema judicial.Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, denunció que la Justicia «es la asignatura pendiente desde la democracia» y que «ahora más que nunca conviene resolverlo, porque todos esos atascos y dilaciones producen una inseguridad jurídica muy perniciosa» en una época de crisis económica: «La solución la tienen los políticos», concluyó.