Los objetores satisfechos con que el Supremo discuta Ciudadanía a fondo

madrid- Los dos días de deliberaciones que se han tomado los 30 magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo para emitir un fallo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía han sido intrepretados por los objetores como un buen síntoma. «Significa que se está haciendo un examen en profundidad de una cuestión que es muy seria y se está primando la relevancia del tema a tratar sobre la urgencia de saber el fallo», dijo ayer José Luis Bazán, asesor jurídico de Profesionales por la Ética, una de las plataformas de objetores más beligerantes. El Tribunal Supremo volvió a aplazar, por segundo día consecutivo, su fallo sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha encontrado, al igual que en la calle, tantos fervientes defensores como detractores. Son varias las cuestiones sobre las que tendrá que pronunciarse en relación con la asignatura: si la materia respeta la obligación de neutralidad del Estado y si procede la objeción de conciencia. Bazán opina, además, que los magistrados «deberán analizar los argumentos que han expuesto los tribunales sobre esta cuestión y examinar la jurisprudencia que existe sobre la objeción», añadió. Al final, los objetores creen que el viento soplará a su favor porque «nosotros hemos aportado argumentos jurídicos, que es lo que se va a debatir». El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reiteró ayer en declaraciones a RNE que la resolución que dicte el Tribunal Supremo (TS) sobre la asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos «será respetada y habrá que cumplirla». Mientras, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, expresó también ayer su confianza en que la resolución sea un «gran canto a las libertades individuales». Faltó consenso Arenas manifestó que su esperanza es que, ante todo, quede preservada la libertad de los padres y de los hijos en relación con la enseñanza futura por la que quieren optar. Insistió en que una asignatura como Educación para la Ciudadanía nunca debería haber sido obligatoria sin un amplio consenso en la comunidad educativa, informa Ep. El último tribunal en pronunciarse sobre la asignatura fue ayer el TSJ vasco, que confirmó que el curriculum vasco de Educación Básica no vulnera los derechos fundamentales. Añadió que la definición curricular de la asignatura Educación para la Ciudadanía no contiene elementos de proselitismo o adoctrinamiento que colisionen con idearios morales o religiosos propios y que el pluralismo y la mentalidad educativa de la escuela pública no conlleva que los padres puedan vetar la integración de determinados conocimientos en las enseñanzas, informa Vascopress. El Tribunal alude a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para emitir su fallo.