Los policías se querellan contra Conde-Pumpido

Madrid- Las acusaciones a la Policía por parte del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de falta de colaboración con la Fiscalía del Tribunal Supremo en los procesos de ilegalización de las formaciones proetarras que pretenden concurrir a las elecciones han soliviantado hasta el extremo a los policías y quieren que las «asuma» en los tribunales. Y lo harán mediante la interposición de una próxima querella. De nada sirvió la posterior rectificación de Conde-Pumpido tras hablar con el ministro Rubalcaba.Los cuatro sindicatos policiales –Sindicato Unificado de Policía, Confederación Española de Policía, Unión Federal de Policía y Sindicato Profesional de Policía– no están dispuestos a pasar por alto lo que consideran el «ataque más duro, injustificado, temerario y desleal que ha recibido el Cuerpo Nacional de Policía», y, precisamente, del más alto representante de la Fiscalía. Esta idea de «pasar a la acción» la resumen en una frase: «No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instituciones de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia».Y todo ello porque consideran que las palabras del fiscal general del Estado han sobrepasado todos los límites al imputar a los 61.000 agentes policiales un «comportamiento delictivo, especialmente en una materia tan sensible como es la lucha antiterrorista».Pero los sindicatos policiales no sólo arremeten contra Conde-Pumpido. En el centro de sus críticas sitúan también a los principales responsables de Interior, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como al director general de la Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.En esta línea, lo que reprochan es el silencio que, en su opinión, han mantenido respecto a las imputaciones del fiscal general y les exigen que salgan al paso de las mismas, «en el caso de que alberguen un mínimo de lealtad y ética». Por ello, les reclaman que defiendan a un colectivo que, «en unas condiciones salariales y materiales que rozan la humillación, luchan abnegadamente contra el terrorismo, el crimen organizado o la inmigración ilegal». Esta misma petición es la que reclaman de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía, en la que participan los más altos responsables de la Institución. Junto a ello, las reacciones políticas continuaron ayer. Así, desde el Gobierno, su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, intentó quitar hierro al asunto al considerar que, informa Ep, todo lo relacionado con la acusación vertida ayer por Conde-Pumpido, contra la Policía respondía a «un malentendido en un tema procedimental». Además, aprovechó una pregunta en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros para trasladar la «plena y total confianza» del Ejecutivo al trabajo que realiza el Cuerpo Nacional de Policía y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La vicepresidenta se deshizo en elogios hacia la Policía, de la que dijo que trabaja «con eficacia, esfuerzo y abnegación».Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, insistió ayer en Sevilla que su grupo exigirá explicaciones en el Congreso al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, por las declaraciones de Pumpido. Así, señaló que la pregunta que hay que hacer es si es verdad que la Policía «se niega a colaborar con la Fiscalía General y con el Tribunal Supremo y sólo colabora con el juez Garzón». «Ésa es la pregunta a la que hay que dar respuesta», destacó.

Un pacto previo- La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información celebraron una reunión antes de las elecciones vascas del pasado mes de marzo, semanas antes de que se impugnaran las listas electorales que Askatasuna y D3M presentaron a los comicios autonómicos, para acordar el procedimiento que se iba a utilizar en la entrega de los informes redactados por la Policía, según informaron fuentes jurídicas y policiales.