Magnicidios en miniatura: una tradición «made in spain»

El alcalde de Fago, Miguel Grima, regresaba de Jaca el 12 de enero de 2007 cuando sufrió una emboscada en la carretera. Al bajarse de su vehículo para apartar unas piedras le dispararon con una escopeta de caza desde unos cinco metros y sufrió hasta 14 impactos en el hemitórax izquierdo. Los investigadores creían que era víctima de una conspiración hasta que el guarda forestal Santiago Mainar se confesó autor de los hechos. Ahora la noticia es que tanto el fiscal como la acusación popular, ejercida por el PP, solicitan 21 años de cárcel por asesinato, atentado y tenencia de armas. De ser cierta la participación de un agresor único, éste tuvo que comportarse como un incansable atleta. Tras llevar el vehículo de la víctima a varios kilómetros de la escena del crimen, habría regresado andando campo a través. Si hubiera contado con un cómplice que le recogiera, se habría evitado este agotador maratón.Contra la autoridadGrima era un político del PP cuya labor municipal disgustaba e irritaba a una parte de los vecinos. Le asesinaron siendo alcalde y, probablemente, por serlo. Así, sería víctima de un magnicidio, por más que la «autoacusación» presente los hechos como una disputa entre personas enfrentadas. El disparo fue un atentado contra el representante que había ganado las elecciones y, por tanto, contra la autoridad.En España hubo una tradición increíble de magnicidios desde finales del XIX hasta mediados del siglo XX con el objetivo siempre de acabar con el presidente del Consejo de Ministros: Prim, Cánovas, Canalejas, Dato, Carrero Blanco…El diccionario de la RAE define magnicidio como la «muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder». En este caso, Grima era claramente el hombre más importante del pueblo.No obstante, ha primado la idea de desviar la atención de estas evidencias y transformar lo ocurrido en una pelea entre vecinos. Sin embargo, cuando se golpea a un médico, se ataca a la autoridad; cuando se golpea a un profesor, se ataca a la autoridad, y cuando se mata a un alcalde, se comete un magnicidio. Además, es imposible apartar las motivaciones políticas. En Fago, la víctima era el del PP y el presunto homicida se presentó a las elecciones por el PSOE. Si es el criminal, como señala la acusación, quedan preguntas pendientes: ¿le ayudó alguien? ¿Es sólo una pieza de una conspiración que ha quedado oculta por su confesión?No sería de extrañar. Estos pequeños magnicidios son tan difíciles de resolver como los grandes de Prim o Canalejas. Ahí está el caso de Alejandro Ponsoda, también alcalde y del PP, que el 19 de octubre de 2007 llegaba a las 21:30 horas a la entrada de su casa en Xirles (Alicante) cuando presuntamente dos personas abrieron fuego contra él con armas de pequeño calibre. Fue tiroteado a través de la ventanilla derecha de su vehículo, un Renault Laguna. Uno de los disparos le acertó en la cabeza y sus heridas fueron tan graves que falleció ocho días más tarde.Ponsoda, de 57 años, era un hombre ordenado. Alcalde de Polop de la Marina, también en Alicante, llevaba en el poder desde 1995 y había renovado su cargo por mayoría absoluta. Entre sus políticas municipales destacaba una intensa recalificación de terrenos y gran actividad de construcción. Por ejemplo, era muy efectivo a la hora de requisar terrenos a propietarios afectados por los planes municipales.Dinámico y eficazAdemás, Ponsoda era generoso, amigo de hacer favores a personas sin distinción de ideología. En resumen, un alcalde dinámico y eficaz, querido y respetado. Es posible que le mataran dos sicarios y que utilizaran armas de poco calibre para despistar. Que le mataran por asuntos personales, dice la fuerza investigadora, por cierto reforzada con el mismo grupo de la Guardia Civil que intervino en Fago. Pero volvemos a lo mismo: mataron al primer edil, y tal fue el desconcierto inicial que el Ministerio del Interior se apresuró a negar que se tratara de un atentado, seguramente queriendo decir que no había sido ETA.Ni en Polop ni en Fago han aparecido las armas del crimen, ni probablemente los auténticos motivos. Los dos eran alcaldes, los dos del PP, personas que llevaban a cabo una firme actuación política y que encontraron la agria oposición de algunos de sus vecinos. ¿Hubo algo más en el ejercicio del poder legítimo que les correspondía capaz de levantar la ira de sus asesinos? Como en el caso de Prim, sería lo lógico. Está previsto que la Audiencia de Huesca juzgue lo de Fago antes de fin de año.