Murcia un caso muy revelador

La utilización de la Justicia para desgastar al adversario político es una tentación en la que suelen caer con frecuencia los partidos, sobre todo cuando detentan el poder. Ocurre en la mayoría de los países y ni siquiera los de más asentada tradición democrática se sustraen a ella. De ahí que el Estado de Derecho se haya dotado de los mecanismos necesarios para evitar los abusos no sólo del poder político, sino también de los diferentes grupos de presión. Sin embargo, estos resortes no siempre funcionan con diligencia y su oxidación permite que los intereses espurios, básicamente partidistas, interfieran en la independencia de la Justicia. Es el caso de la polémica instrucción llevada a cabo por el juez Garzón, cuyas zonas oscuras son tan numerosas y densas que es difícil no ver detrás la mano de la política partidista.El de Garzón, sin embargo, no es el único, ni siquiera el más evidente. LA RAZÓN publica hoy una información que apenas necesita glosa. En la Región de Murcia se han abierto, a instancia del fiscal del Tribunal Superior de Justicia, nada menos que 43 sumarios judiciales contra otros tantos ayuntamientos y cargos públicos del PP por presuntos delitos de corrupción. La cifra es tan notoriamente elevada que da la impresión de que las instituciones murcianas padecen un estado de corrupción generalizada, lo que sería muy inquietante. Nada de eso. De los 43 sumarios incoados, 41 han sido sobreseídos y archivados. Según parece, el fiscal murciano, haciendo honor a su amigo y protector, el entonces ministro Bermejo, se dedicó a disparar sobre todo lo que se movía, pero sin tino ni fundamento. Cualquier profesional que se precie debería examinar su carrera judicial a la luz de una colección de fracasos digna del libro de los récords. Otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de las investigaciones se abrieron alrededor de las elecciones generales de 2007, a las que Fernández Bermejo se presentaba como cabeza de lista por Murcia. Por cierto, la candidatura del PSOE retrocedió 2,5 puntos con respecto a las elecciones de 2004. ¿Es mera coincidencia que la fiebre purificadora atacara al fiscal de Murcia al aproximarse las elecciones? No tiene pinta. Del mismo modo que no parece casual que Garzón reactivara un sumario abierto hace dos años coincidiendo con la campaña electoral de Galicia y el País Vasco. En este juego de coincidencias ni siquiera es plausible la que reunió en unas intensas jornadas cinegéticas al juez, al ministro de Justicia y al comisario de la Policía Judicial en un sainete cuyo desenlace final aún está por llegar, si bien el segundo acto bajó el telón con un golpe de efecto muy brillante, la dimisión del ministro. Pero mientras la Justicia se ve sujeta a puestas en escena que nada tienen que ver con su función constitucional, algunos ciudadanos y cargos públicos, perfectamente honorables, son sometidos a una persecución más cercana al linchamiento público que a un acto de la Justicia.Así, al menos dos alcaldes murcianos fueron encarcelados durante semanas por unas denuncias que resultaron infundadas. ¿Quién les resarce del daño sufrido? Resulta muy alarmante, porque ningún ciudadano está libre de padecer sus efectos, que los servidores de la Justicia actúen sin las debidas cautelas y las pruebas necesarias, sobre todo cuando se ponen en juego la honradez y buena fama de los imputados. El peor servicio que se puede hacer a la lucha contra la corrupción política es utilizar los mecanismos judiciales de manera partidista para abrir una causa general contra el adversario. Que es lo que está sucediendo ahora en España.