No a la reprobación al Papa

El Vaticano expresó este fin de semana su sorpresa y malestar por el intento de reprobación al Papa en el Congreso de los Diputados. Resulta extraordinariamente sintomático que la opinión de la Santa Sede coincida plenamente con la de una gran mayoría de los españoles, que, sin embargo, discrepa rotundamente de la decisión de sus representantes políticos. La encuesta de NC Report para LA RAZÓN es concluyente. Los españoles rechazan sin matices la tramitación por el órgano de gobierno de la Cámara Baja de la proposición no de ley de ICV para atacar a Benedicto XVI por sus manifestaciones sobre el uso del preservativo y el sida. Tres de cada cuatro españoles (72,2 por ciento) creen que la libertad de expresión ampara las declaraciones del Papa. Más del 61 por ciento entiende también que las Cortes no es el lugar donde someter a votación una propuesta de esas características. Un porcentaje mucho más importante, el 79,3 por ciento, defiende que el Parlamento no debe hacer seguimiento de las declaraciones de los líderes religiosos. Los encuestados son también categóricos en la actitud que deben demostrar los parlamentarios ante una disposición de ese significado y contenido. Casi el 60 por ciento opina que los diputados del PP y PSOE no tendrían que participar en la votación del Congreso para reprobar a Benedicto XVI. En la encuesta que LA RAZÓN publica hoy resulta también muy sintomático y esclarecedor, sobre todo para la dirección socialista, que los votantes del PP y del PSOE compartan, en porcentajes muy similares, esa disconformidad con lo que unos cuantos diputados decidieron en la Mesa de la Cámara Baja. Es revelador que las opiniones de los españoles sean asimismo discrepantes con el ataque al Papa en todas las franjas de edad sin distinción alguna. La radiografía social en torno a esa iniciativa no admite interpretaciones ni tergiversaciones políticas, porque las respuestas a todas las preguntas son rotundas. Por tanto, es hora de que los políticos reflexionen sobre lo acontecido y atiendan el criterio abrumador de la ciudadanía en este asunto. Obviamente, no lo esperamos de la izquierda política, que ha promovido esta propuesta y que deambula instalada en un anticlericalismo irresponsable, pero sí del Grupo Popular. Si nos atenemos a intervenciones como la de la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, que dijo este fin de semana que carece de sentido que el Parlamento se dedique a «reprobar a líderes religiosos o jefes de Estado de otros países» y que, por ello, el PP expresa su «oposición absoluta» a la reprobación al Papa por sus palabras en contra de los preservativos, lo lógico debiera ser que los populares como tal colectivo o un diputado particular utilizaran el artículo 31 del Reglamento, que contempla ambas posibilidades, para que la Mesa votara de nuevo y corrigiera su decisión. No hay otra salida más lógica y asumible, porque permitir que la iniciativa llegue hasta la votación correspondiente resultaría inexplicable y causaría una situación indeseable y desafortunada no sólo contra el sentimiento mayoritario de la población española, sino también contra un Estado independiente como es El Vaticano, sin contar el insólito precedente que se sentaría con ese desenlace.Afortunadamente, existe el mecanismo reglamentario necesario para rectificar lo que fue un lamentable error. Sólo falta por demostrar la voluntad y la sensatez necesarias para cerrar este capítulo parlamentario que nunca debió ser abierto.