Política verde sin dogmas ni tabúes

Siempre he creído que el periodismo debe servir para informar, por supuesto, pero también para criticar lo que se hace mal, para denunciar los abusos, y para elogiar lo bueno. Con frecuencia los periodistas nos quedamos casi siempre en lo primero, olvidándonos de lo último. Porque si es verdad que debemos ejercer la crítica y la denuncia cuando éstas son inevitables, también debería ser obligatorio resaltar aquellos aspectos de la gestión pública que se materializan de manera correcta, siempre de acuerdo con el criterio subjetivo del que habla o escribe. Valga este exordio para decir que en materia medioambiental el actual gobierno de Rodríguez Zapatero ha cometido graves errores, alguno de ellos especialmente mayúsculo, si bien es cierto que en los últimos tiempos, particularmente desde que asumió la cartera Elena Espinosa y puso al frente de la Secretaría de Medio Ambiente a Josep Puxeu, las cosas están cambiando para bien. Creo que en la anterior etapa no se actuó con acierto por varias razones, la principal porque la política medioambiental se talibanizó al no dialogarse suficiente con los actores implicados en un sector en el que con frecuencia predominan los dogmas y tabúes, y donde es fácil caer presa de un integrismo ecologista que es tan perverso como las ideologías antiecológicas. Hemos defendido muchas veces aquí los beneficios que el movimiento verde ha aportado al mundo en los últimos tiempos, de manera particular en lo que se refiere a la denuncia de la contaminación y los vertidos, el desarrollismo que mina la tierra y los bosques, y la ausencia de controles en la carrera química, armamentista y nuclear. Pero también hemos subrayado lo pernicioso de un ecologismo cansino en su letanía, que todo lo ve negro o negrísimo, y que coarta cualquier acción de desarrollo aunque ésta sea respetuosa con la naturaleza y el medio natural. Lo que sucedió en la anterior legislatura fue que el Ministerio de Medio Ambiente cayó en manos de quienes sólo veían por los ojos del ecologismo más extremo, negando cualquier razón a los que deambulaban por posiciones moderadas. El resultado fue bastante negativo, con consecuencias lamentables en las políticas referidas al agua y la ley de costas, y también al ámbito forestal y agrario. No es que ahora las cosas hayan cambiado tanto que funcionen magníficamente bien, pero es cierto que se perciben modificaciones alentadoras, pues las actuaciones en el ámbito verde deben contar con el mayor consenso posible, y no han de ser patrimonio de nadie. En este sentido hay que interpretar las decisiones de no oponerse por sistema a los trasvases de agua entre cuencas hidrográficas, la no sacralización de las desaladoras como única medida para combatir la sequía, la apertura de un proceso de diálogo constructivo sobre la interpretación de la ley de costas, y el derecho a considerar que el medio natural es patrimonio de todos, de manera muy particular de quienes más lo conocen, agricultores y ganadores, y no solo de grupos ultraecológicos que pretenden hacer del mar y de los bosques burbujas en las que sólo ellos tienen derecho a entrar. Especial relieve adquiere la decisión de no satanizar los trasvases. La desalación está bien, es útil y necesaria, pero su valor hoy por hoy solo puede ser complementario, sobre todo teniendo en cuenta que es ecológicamente perniciosa, provoca daños ambientales, y además su coste energético es cinco veces mayor al de los trasvases. No estaría de más que en España nos fijáramos un poco en lo que sucede en California, cuyo sistema de lluvias es similar al nuestro, con abundancia de agua en el norte y sequía en el sur. En California existen cuatro grandes trasvases que atraviesan el Estado de norte a sur. Las transferencias de agua suponen 18.800 hectómetros cúbicos. La desalación, con 300 hectómetros, es un aditamento. Si Europa fuera California, estaríamos abasteciendo a Valencia y Murcia con agua de Los Alpes a un precio razonable. Hay conducciones para abastecer de gas y petróleo a bastas regiones del planeta, y nadie dice nada. No veo por qué no puede haberlas igual para llevar agua desde donde sobra hasta donde falta. Por eso me parece tan relevante este giro en la política medioambiental de España.