Primer paso para la persecución de los dictadores en activo

La orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, constituye el punto culminante del proceso que, desde hace años, persigue al responsable de la peor tragedia humanitaria en décadas. Según estimaciones de la ONU, más de 300.000 personas han muerto en los últimos cinco años en la región sudanesa de Darfur. Una escalofriante cifra a la que es necesario sumar los millones de desplazados y torturados que han sido víctimas de la tiránica política de Al Bashir. El hecho de que se trate del primer caso en el que la justicia internacional ordena la captura de un jefe de Estado en ejercicio supone un importante salto cualitativo en la necesaria persecución de todos aquellos gobernantes que hacen de la violación sistemática de los derechos humanos el instrumento para seguir en el poder. Más allá de la eficacia jurídica que pueda tener esta decisión, lo realmente trascendente es que abre la puerta al procesamiento de otros dictadores en activo como Kim Jong-il, Robert Mugabe o los hermanos Castro. Lo contrario sólo ayudará a fortalecer y a revestir de impunidad a unos sátrapas a los que nada les importa el bienestar de sus ciudadanos, como ha demostrado el propio Al Bashir al expulsar del país a las ONG que permitían sobrevivir a dos millones de sudaneses.