Quien paga manda

En 1978 quedó claro que los españoles querían una Justicia independiente e igual para todos. En suma, eficiente. Para eso están las Constituciones, para marcar lo que «debe ser» en una Democracia. Más de treinta años después, sin embargo, no hemos llegado al objetivo. Que la Justicia necesita reformas profundas nadie lo duda. Ni jueces, ni oposición política, ni Gobierno, ni ciudadanos, dejan de señalarlo. El problema es que por años venimos escuchando tal cantinela sin que nadie sea capaz de ponerle el cascabel a ese gato. La huelga de jueces de febrero puso a las claras tan atípica situación.

Los escándalos salpican a diario nuestros juzgados. Los jueces son protagonistas, muchas veces esperpénticos, de primera plana en los medios. Retrasos injustificados, errores palmarios, jueces que se dedican a causas exóticas y trifulcas públicas –y publicitadas– entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. El caso es que la judicatura española da la nota con excesiva asiduidad.

El problema nace de la falta de independencia de la Justicia. Nuestra Carta Magna es, simplemente, papel mojado. Órganos como el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial dependen de los partidos políticos que designan a sus miembros. No sólo es eso. La dependencia será también material mientras los jueces dependan de los políticos para cobrar sus sueldos y para disponer de medios para realizar su labor.