Rajoy propone que los jueces del TC ocupen sus cargos de manera vitalicia

MADRID- La acción criminal de ETA en Francia marcó ayer la presentación en sociedad de la propuesta de Mariano Rajoy de reforma constitucional para garantizar políticas «nacionales», la igualdad entre los españoles y la fortaleza del Estado. En suma, corregir las deficiencias del modelo autonómico en las que se cobijan las ansias nacionalistas de ruptura y en las que Rodríguez Zapatero, según denunció ayer el líder del PP, ha visto en esta legislatura una oportunidad para cambiar el régimen constitucional por un sistema confederal. Antes de entrar en materia, el jefe de la oposición subrayó su apoyo a la Guardia Civil, brindó de nuevo su respaldo al Gobierno para derrotar a ETA y pidió un minuto de silencio al auditorio.

Recuperar el consenso

Rajoy vistió con un elaborado discurso su paquete de modificaciones de la Carta Magna para garantizar la estabilidad del Estado de las Autonomías, dotar al Estado de los instrumentos necesarios para preservar la igualdad en derechos, deberes y oportunidades, recuperar y garantizar el consenso que guió la Transición en los grandes asuntos y reforzar la independencia e imparcialidad de determinados órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el propio Tribunal Constitucional. Sobre este último, destaca la propuesta de copiar en cierta manera el modelo del Supremo de Estados Unidos, cuyos miembros ocupan sus cargos de manera vitalicia. Para el caso del más Alto Tribunal, el PP propone que sus magistrados sean elegidos entre los profesionales del Derecho más acreditados, con treinta años de ejercicio, y que ostenten sus cargos con estabilidad hasta la jubilación, «más allá de las conveniencias políticas de cada momento».

También en la dirección de avanzar hacia la despolitización de la Justicia ofrece al PSOE volver al sistema anterior a la «enmienda Bandrés», aprobada durante la mayoría absoluta de González y que supuso que por la puerta de atrás los partidos políticos se hiciesen plenamente con el control de la elección de los vocales del CGPJ. Rajoy plantea que al menos doce de los miembros del Consejo sean realmente elegidos, como establece la Carta Magna, por jueces y magistrados.

En materia de reparto competencial, defiende garantizar las atribuciones exclusivas del Estado en todos los asuntos en los que ha de preservarse la unidad de acción y la defensa de los intereses generales. Por ejemplo, la política exterior, la defensa, la coordinación de las Fuerzas de Seguridad, las bases de la ordenación de la economía o la coordinación de la lucha contra las catástrofes naturales.

Reforzar competencias

Pero también quiere fortalecer las competencias legislativas del Estado en materias como el urbanismo, la vivienda o la inmigración. Asimismo, plantea reforzar las competencias de las Cortes Generales en relación a la enseñanza de la lengua común, la recepción de las prestaciones sanitarias o la distribución de los recursos naturales. La regulación de la enseñanza de la lengua oficial del Estado será competencia exclusiva de las Cámaras a través de una ley orgánica que establecerá las garantías de su enseñanza y uso en todos los grados docentes. La ley del Estado protegerá también el bilingüismo. En el centro de la crítica de su discurso siempre estuvo Zapatero, como «propietario de la finca» –el Estado– que no ha sabido proteger, aunque de fondo sus propuestas vayan dirigidas a parar los pies a los nacionalistas con el necesario apoyo del otro gran partido nacional, el PSOE.