Se acumulan los indicios del «pucherazo»

El régimen iraní se dio mucha prisa en comunicar unos resultados electorales que cojean por varios sitios. La celeridad fue precisamente el primer indicio de que algo no cuadraba. Si en las elecciones parlamentarias de marzo del año pasado la mayoría de periodistas occidentales se volvió a casa sin el recuento final, el pasado jueves apenas tardaron unas pocas horas en tener acceso a los números que descartaban una segunda vuelta y proclamaban la victoria aplastante del presidente Ahmadineyad.
Otra de las denuncias de los seguidores del candidato Mirhossein Musavi se refiere a la falta de papeletas en algunos colegios electorales y al cierre temprano de otros en los que aún había largas colas. También se quejaron de las «coacciones» sufridas por los delegados reformistas, que debían velar por la buena marcha de la jornada y que no fueron autorizados a presenciar el sellado de las urnas (en Irán están prohibidos los observadores internacionales).
Tampoco se entiende la derrota de Musavi en la ciudad de Tabriz, capital de la provincia azerbayana y patria chica del opositor, donde Ahmadineyad habría obtenido el 57 por ciento de los votos. El otro aspirante de la oposición, el clérigo Mehdi Karoubi, habría obtenido un 99 por ciento de apoyo menos que en el proceso de 2005 en su tierra natal, Luristán. Resulta también ciertamente sospechoso que el mapa de apoyo al conservador sea tan homogéneo, sin apenas diferencias entre zonas urbanas y rurales, según el profesor universitario americano Juan Cole.
Lo cierto es que ni los analistas internacionales más descreídos esperaban este resultado aun a sabiendas de que las dos instituciones que controlan los comicios, el Ministerio de Interior y el Consejo de Guardianes, son parte del aparato gubernamental.
La ley electoral iraní no garantiza en modo alguno la transparencia, pero es que en estas presidenciales ni siquiera se ha cumplido. Según la norma, deben pasar tres días hasta que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, refrenda la elección del pueblo. Este plazo se instauró para permitir las denuncias de irregularidades, aunque el pasado viernes el plazo encogió considerablemente: los tres días fueron sólo unas horas. Asimismo, los reformistas aseguran que sus representantes quedaron aislados en algunas zonas rurales después de que el régimen cortara las comunicaciones. Con las alegaciones puestas encima de la mesa, ahora queda la parte más complicada, la presentación de pruebas de que el recuento ha sido manipulado.