Subida encubierta de impuestos

La Razón
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Como era previsible, la supresión de las deducciones fiscales a la compra de vivienda, anunciada anteayer por Zapatero, ha sido la medida económica más conflictiva y que más contestación ha suscitado en la opinión pública. La crítica de Rajoy de que perjudica notablemente a las clases medias ha tenido amplia acogida, lo que sin duda ha animado al líder de la oposición a presentar una propuesta parlamentaria para que no sólo se mantenga el tratamiento fiscal vigente, sino que incluso se aumente el máximo desgravable de 9.015 a 10.000 euros anuales. El presidente del Gobierno, por su parte, ha defendido la eliminación, que afecta a las rentas superiores a los 24.000 euros, como medida de precaución frente a otra burbuja inmobiliaria. En lo único que parecen estar de acuerdo Gobierno y oposición es en que con esta decisión se animará el mortecino mercado inmobiliario. A juzgar por el entusiasmo con que la ha acogido, la patronal del sector cree que así podrá liquidar en año y medio un stock superior al millón de viviendas que en condiciones normales tardaría tres años. Aunque a partir de 2011 la supresión fiscal sea negativa para sus intereses, los promotores, constructores y bancos prefieren quitarse de encima, sin más dilación, una carga que les asfixia. Pero, ¿y los consumidores? Es evidente que para el ciudadano, toda eliminación de ventajas fiscales es siempre negativa y tratándose de la vivienda, aún más. Los límites de renta que se imponen para poder deducir son tan bajos que sólo beneficiarán a una pequeña parte de los trabajadores y aun así teóricamente, pues con nóminas de 17.000 a 24.000 euros anuales es muy difícil comprar una vivienda. Por tanto, son las clases medias, motor del mercado, las perjudicadas por esa subida encubierta de impuestos. El Gobierno se ha cuidado muy mucho de ocultar que se embolsará nada menos que 4.200 millones de euros al año. Dicho de otro modo, priva a las sufridas familias de un ahorro equivalente. No hace falta ser muy sagaz para concluir que éste, y no otro, es el motivo de la medida. La justificación aducida ayer por Zapatero de que así se evita otra burbuja inmobiliaria es inverosímil, y si realmente lo cree así, ¿por qué no la adoptó hace cinco años para evitar el «ladrillazo»? Atribuir a la deducción fiscal la burbuja de la vivienda es exagerado, pues en ésta han concurrido varios factores de manera conjunta, como un bajísimo precio del dinero, un aumento acelerado de la población por efecto de la inmigración, un incremento de la riqueza patrimonial de los españoles, cambios sociales (como el divorcio) que han disparado la demanda y, sobre todo, un elevado nivel de empleo. Zapatero parece ignorar que las deducciones fiscales tienen más de 30 años de existencia y que nunca hubo burbuja inmobiliaria hasta que se dieron simultáneamente todos los factores apuntados. De todos ellos, el más determinante es el del empleo. Con un panorama laboral de cuatro millones y pico de parados, sueldos congelados y el consumo camino de la deflación, pierda cuidado el señor presidente de que una deducción de nueve mil euros al año provoque «una rueda letal» inmobiliaria, como ayer dijo literalmente. Tampoco es verdad que excite la voracidad de los especuladores, que si han hecho su agosto durante años no ha sido gracias a Hacienda, sino a ayuntamientos corruptos y leyes del suelo que les permitían sangrar al ciudadano. En suma, la supresión de ventajas fiscales a la compra de vivienda es negativa y debe reconsiderarse. Por fortuna, aún queda año y medio para rectificar.ada ciert el s, n que eurdo eco , hecha el mismo día del anuncio, su De entrada, es muy sintomáticono silencio constructores, promotores, etc, del Gobierno tiempo, y últimamente con más frecuencia, los medios de comunicación recogen denuncias y episodios irritantes que tienen a la Sociedad General de Autores (SGAE) como protagonista. Esta misma semana se ha sabido que la entidad exigió el cobro por anticipado de derechos para la celebración de dos conciertos con fines humanitarios. Y hoy, LA RAZÓN desvela que ni siquiera las víctimas del terrorismo se escapan al escrutinio implacable de sus inspectores, dispuestos a exprimir hasta el último euro. Cobra así cuerpo la imagen caricaturesca de una compañía aquejada de bulimia fiscal, presa de una voracidad recaudatoria que no conoce límites, no respeta ámbitos sensibles ni atiende a los dictados del sentido común. Desde luego, los artistas, creadores, autores y ejecutantes no se merecen que la legítima defensa de sus derechos se asocien a esta imagen de rapiña y saqueo sistemáticos. Resulta deplorable esa figura siniestra, epígono del recaudador feudal, que se embosca en las fiestas populares y hasta en festividades familiares con el propósito de cobrar el diezmo. Naturalmente, los derechos de autor son tan sagrados e inviolables como cualquier otro derecho intelectual o comercial. Las leyes los protegen porque forman parte sustancial de una sociedad libre y democrática. Además, sin sula adecuada defensa de estos derechos se resiente la vitalidad creativa y se generan injusticias de las que sólo se benefician los habilidosos oportunistascomerciantes. Los autores tienen todo el derecho a recoger los frutos de su propio esfuerzo y talento, que son su primera y más indiscutible propiedad privada. ÈEsta es la razón de que existan en todos los paísesel mundo asociaciones y empresas que gestionan comercialmente esos derechos, velan porque los beneficios reviertan sobre sus legítimos dueños y combaten la piratería o cualquier otra forma de fraude y apropiación indebida. La SGAE, que es la principal gestora española, con casi cien mil socios, tiene una larga trayectoria en este ámbito, aunque ha sido en los últimos años cuando ha adquirido gran notoriedad pública, y no precisamente para bien, como queda dicho. Además de exhibir maneras desabridas y prepotentes, los directivos de la SGAE, con su presidente a la cabeza, Eduardo Bautista, no han resistido a la tentación de intervenir en la trastienda política, con inequívocas apuestas ideológicas y de partido que nada tienen que ver con el objeto social de la entidad. Desde la fortaleza que dan los cientos de millones de euros que recauda cada año, la SGAE parece haberse convertido en una especie de lobby con el poder suficiente para cambiar leyes, seducir a partidos y orientar políticas culturales a su favor. Al mismo tiempo, no son infrecuentes las medidas de represalia y acoso judicial contra los críticos, como quedó demostrado cuando un internauta fue condenado a pena de cárcel por dudar de la honradez de estos recaudadores. En suma, la percepción general es que de la mano de sus actuales gestores, la SGAE se extralimita en sus funciones, abusa de los mecanismos judiciales, amedrenta a quienes la critican y va mucho más allá de lo que corresponde a una sociedad de esta naturaleza, con derivaciones políticas e ideológicas incluidas. ¿Es esto lo que de verdad desean los autores españoles? ¿O prefieren que los represente y los defienda una entidad que no cause rechazo y sepa diferenciar entre la justicia y la rapiña? Tal vez el meollo de toda esta polémica no sea más que una cuestión de formas, de educación y de sentido común; es decir, de tratar al usuario como un cliente, no como un sospechoso.