Un escándalo de corrupción alcanza al PSOE canario

La Guardia Civil desmanteló ayer una trama de cargos públicos del Partido Independientes de Lanzarote (PIL) –formación que gobierna en coalición con el PSOE– y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, que presuntamente cobraban comisiones millonarias a empresarios interesados en diversas gestiones municipales y urbanísticas. En la operación fueron detenidas nueve personas, entre ellas el líder del PIL y ex presidente del Cabildo Dimas Martín, quien ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena; su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del consistorio, y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, responsable del Plan General de Ordenación Urbana, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo.

Los políticos y funcionarios supuestamente corruptos cobraban a los empresarios por el pago de facturas por servicios prestados a la administración, la adjudicación de contratos y la concesión de licencias. Además, la Guardia Civil investiga el último plan general de ordenación de la capital lanzaroteña porque tiene indicios de que en él también se hayan cometido delitos de corrupción municipal y urbanística.

La operación policial, bautizada con el nombre de «Unión» y dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por los agentes de la Benemérita a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.

Los otros implicados

Tras las primeras detenciones en el ayuntamiento y en la oficina técnica del consistorio, donde fue arrestado el ingeniero jefe Juan Rafael Arrocha Arrocha, fueron arrestados los otros presuntos implicados: el ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), dos intermediarios y un empresario.

A los detenidos se les imputan delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.En prisión por malversación

Dimas Martín está condenado a ocho años por un delito de malversación de caudales públicos y sendos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social cometidos durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994. La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros de la entidad. La Guardia Civil registró la celda de Martín y luego lo trasladó a su residencia familiar de Guatiza, donde se procedió a otra diligencia similar.