Un funcionario ve indicios de delito en el polígono de Almonte

El proceso en el que han sido imputados por un presunto delito de negociaciones prohibidas, en torno a la creación de un polígono industrial, el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Almonte (Huelva), Francisco Agustín Periáñez (PSOE), y el ex secretario municipal, Juan Adolfo Arangüete Asuar, sigue su curso en los tribunales. Ya han comparecido en sede judicial varios testigos, entre ellos el que también fuera secretario del Ayuntamiento almonteño durante 2008, J. M. B., quien en su declaración, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, sostiene que «a la vista del expediente –elaborado por él mismo sobre el caso, ya que no existía en el archivo del Consistorio– parece evidente que tanto el anterior secretario accidental como el concejal de Urbanismo pudieran tener intereses directos en el convenio urbanístico en cuestión». «Podría haberse incurrido –añade– en responsabilidades de distinta naturaleza, incluso penal, por negociaciones prohibidas a los mismos, y realización de actos administrativos no conformes a derecho». Manifiesta además que, a su juicio, «no son las tías de Adolfo Arangüete Asuar las propietarias de parte de los terrenos objeto del convenio», sino que es él mismo. No obstante, «en cualquiera de los dos casos, estaría obligado por las normas de abstención de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y demás normativas aplicables al respecto», matiza. Conviene recordar que durante la rúbrica del acuerdo en 2007, abocada a la correspondiente recalifación de terrenos, el ex secretario local actuó como funcionario y propietario al mismo tiempo.El testigo no duda tampoco en aseverar que, en su opinión, «podrían haberse llevado a cabo negociaciones valiéndose de información» que los imputados conocían «por su cargo». Y eso no es todo: quiso hacer especial hincapié en que «en la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue publicado el 7 de febrero de 2008, en ningún caso se preveían nuevos sectores industriales». Entre otras razones porque el que ya existe en el municipio, «se encuentra aún en un gran porcentaje sin desarrollar» por lo que, según, J. M. B., «la actuación pretendida respecto al convenio Doñana –el nombre del polémico polígono– carece de justificación y oportunidad legal», defendió en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Pozoblanco, localidad cordobesa donde ahora ejerce.Reunión ¿improcedente? En relación con este caso, también se ha tomado declaración a otro grupo de testigos en el Juzgado de Instrucción número dos de La Palma del Condado (Huelva) y entre estos testimonios llama la atención el de M. P. F. El motivo: admite que «después de recibir la citación» del tribunal, se encontró en Almonte con los imputados Arangüete, Periáñez, otros dos testigos, además de «otra persona vestida de oscuro que creo que es abogada y una muchacha». Con todo, M. P. F., asegura que «lo único que éstos le dijeron» es que «en el juzgado dijera la verdad». Defendió además que «no se enteró si hablaron algo del polígono» si bien, a preguntas del Ministerio Fiscal, reconoció que le «extrañó» que lo llamaran ya que en su día rehusó participar en el polígono. Renuncia momentáneaEn mayo de 2008 los promotores del polígono Doñana renunciaron a él alegando motivos económicos y en noviembre, cuando el juzgado ya estaba investigando, plantearon una modificación del PGOU para recalificar los terrenos, según el PP.- De hecho, el ex secretario, testigo del caso, dice saber que «se ha procedido nuevamente a suscribir el convenio» y aprobarse el mismo por el pleno del Ayuntamiento.- El PP anunció que ampliaría la denuncia que hizo en su día e insisten en un delito de prevaricación.