Un mal ejemplo de Ciudadanía

La asignatura de Educación para la Ciudadanía, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación para revitalizar un sistema de enseñanza hundido en el vagón de cola de los países desarrollados, se enfrenta estos días a su primer gran examen. Una vez completada la primera evaluación en los colegios en los que esta materia se ha impartido, con mayor o menor fortuna, llega el momento de comprobar cuál ha sido el comportamiento de estos centros hacia aquellos escolares que, legítimamente, optaron por ejercer su derecho a la objeción de conciencia. La primera impresión no es, desde luego, nada reconfortante.

Los colectivos opuestos a esta asignatura han recibido ya centenares de denuncias de objetores a los que el colegio de turno les ha dado por suspendida la asignatura, lo que supone un atropello a sus derechos y una injusticia respecto a sus compañeros. Produce, desde luego, cierta desazón tener que explicar a estas alturas el significado de valores como el respeto a la libertad ideológica y la libertad de conciencia a los responsables de un centro educativo, en quienes reside, nada más y nada menos, la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones precisamente esas normas básicas de convivencia. Y, sorprende, además, que algunos centros hayan entrado en el peligroso juego del Ministerio de Educación de imponer a toda costa, contra viento y marea, una asignatura que jamás debió implantarse, y que debe suprimirse cuanto antes.

Realmente, no es de recibo que aquellos alumnos que, venciendo todos los obstáculos puestos por el Ministerio, se han atrevido a convertirse en objetores de Educación para la Ciudadanía, vean ahora penalizados sus expedientes académicos con un suspenso que les baja la nota media. Y no sólo eso. Ya sería el colmo que alguno de ellos tuviera que repetir curso por esta decisión, precisamente dentro de un plan educativo en el que se potencia hasta el extremo todo lo contrario.

Tampoco es aceptable la alternativa elegida en otros colegios, en los que se ha optado por «premiar» con un sobresaliente a los escolares que se han matriculado en esta asignatura por el simple hecho de hacerlo. Tanto el aprobado general como el castigo a los objetores suponen un agravio comparativo hacia una parte del alumnado, lo que justifica plenamente la decisión de los padres afectados de denunciarlo ante los tribunales.

Estas actitudes no hacen más que confirmar que Educación para la Ciudadanía se ha estrenado de la peor forma posible, a pesar de las limitaciones que corresponden a una asignatura que nace con el rechazo de una gran parte de la población. En este primer curso escolar, apenas siete comunidades autónomas han incluido EpC en su plan de estudios. Aun así, la relación de alumnos objetores en toda España asciende a 21.000, un colectivo lo suficientemente importante como para ser tenido en cuenta.

Lo que procede en estos casos es exigir al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Educación, que tome cartas en el asunto y ponga los medios para que, de forma inmediata, se restituya a estos alumnos su derecho, que no es otro que el de que se recoja en su expediente escolar la asignatura de Educación para la Ciudadanía como no evaluada. Por desgracia, y a tenor de cuál ha sido el comportamiento de los responsables educativos de nuestro país en este asunto, resulta ilusorio suponer que se vaya a tomar alguna medida en tal sentido. Hacerlo sería, en cualquier caso, la mejor forma de dar ejemplo.