Viviendas de desprotección oficial

De las 90 unifamiliares, 30 están embargadas por la deudas que dejó la promotora privada Grupo 3 Allive
De las 90 unifamiliares, 30 están embargadas por la deudas que dejó la promotora privada Grupo 3 Allive

sevilla- En los tiempos que corren, con la burbuja inmobiliaria desinflada y la construcción en sus horas más bajas, la vivienda de protección oficial se presenta como la panacea para los empresarios y para quienes intentan formar su hogar a un precio lógico y asequible. Éste era el objetivo de los 90 jóvenes de Gines que se convirtieron en el verano de 2005 en los adjudicatarios de las unifamiliares de Biedma de La Encina, promovidas por el Ayuntamiento de la localidad y encargadas a Grupo 3 Allives. Cuatro años después, el sueño roza la pesadilla.En el verano de 2007, los involuntarios protagonistas de esta rocambolesca historia sufrieron la «fuga» de la constructora, que alegaba que se había quedado sin dinero para acabar las casas, y se convirtieron en los promotores de sus viviendas, involucrándose en todo tipo de complicaciones económicas y administrativas hasta acabar este año enfrentándose a dos embargos debido a las deudas impagadas del Grupo 3 Allives. En abril de 2009, perdieron el primer asalto en los tribunales y se vieron obligados a abonar 20.000 euros a los proveedores demandantes. El segundo juicio será en diciembre, y esta vez hay 150.000 euros en juego.El caso de estos 90 jóvenes es bien conocido en Gines, ya que resulta difícil de creer que unas viviendas promovidas y protegidas por las administraciones públicas puedan ocasionar a sus adjudicatarios tantos quebraderos de cabeza. Después de que los afectados se negaran a pagar los 9.000 euros de más que les exigía Grupo 3 Allives para terminar los trabajos y de que decidieran cumplir su sueño asumiendo la conclusión de las obras, el Ayuntamiento intervino en septiembre de 2007 invitando a los vecinos a organizarse y poniéndoles en contacto con unos abogados.Fue entonces cuando el Gobierno municipal ginense, socialista desde las elecciones municipales que se celebraron ese mismo año, garantizó por primera vez a este grupo de jóvenes que sus casas no le costarían «ni un euro más» de los 90.000 euros estipulados desde un principio. PortavocesUna comisión vecinal ya se ocupaba en esas fechas del préstamo bancario solicitado por la promotora «desaparecida» para la construcción de las viviendas, de acabar la edificación y de agilizar la tramitación administrativa para acceder a su propiedad. A finales de la primavera de 2008, el Ayuntamiento acordó con la empresa Azagra la urbanización de la zona, también pendiente e imprescindible para que los vecinos obtuvieran el certificado de finalización de obra y, después, la licencia de ocupación. El objetivo final era que la Junta de Andalucía otorgara con la máxima rapidez la calificación de VPO.Casi al mismo tiempo empezaron los piquetes de proveedores impagados, que incluso paralizaron las obras. Los adjudicatarios conocieron al firmar las escrituras que 30 de las 90 fincas estaban embargadas por las deudas, pero siguieron adelante ante la ilusión de acceder a unas viviendas que, casi literalmente, habían construido con sus manos. El 24 de julio de 2008, participaron en una entrega de llaves por todo lo alto y que ni siquiera se vio empañada por los problemas posteriores: hasta septiembre no estuvo terminada la acometida principal de agua y hasta noviembre estuvieron sin luz. Sólo entonces pudieron ocupar las casas. Tras unos meses de tensa calma llegó el primer embargo. Los afectados tienen esperanzas, pero no pueden evitar sentirse desprotegidos en sus VPO.

Más de 90.000 euros y subiendoEl compromiso proclamado de que este grupo de jóvenes no pagaría «ni un euro» más por sus casas sale caro al Gobierno de Gines. A los 20.000 euros que abonaron los vecinos por el primer embargo se sumó, también en abril, una factura de 70.000 euros por los honorarios de los abogados, propuestos por el Ayuntamiento y que los afectados nunca creyeron que tendrían que pagar de su bolsillo, toda vez que sus VPO son de promoción municipal. Aparte se cuenta el coste de las gestiones burocráticas realizadas, y confían en no tener que añadir los 150.000 euros de un segundo embargo.