Inmigración y ONG

Son varias decenas las organizaciones no gubernamentales que colaboran con diferentes administraciones para la atención a los inmigrantes que llegan a España o que residen en el país. Organizaciones como ACCEM, Cruz Roja, CEAR ó Cáritas atienden a miles de inmigrantes todos los años. En sus dispositivos de acogida alojan familias, jóvenes y menores que reciben la atención de los equipos de profesionales y voluntarios de estas entidades sin ánimo de lucro. Sus cursos de formación, talleres de lengua española o consultas de atención psicológica son imprescindibles para prestar una serie de servicios para los que las administraciones públicas están menos dotadas y son más lentas.

La labor de estas entidades nace de sus profundas convicciones humanitarias, y de la concepción de que la colaboración entre la administración pública y un tercer sector con un fuerte compromiso social y no lucrativo, es muy útil para atender determinadas necesidades sociales, especialmente de los más desfavorecidos. El trabajo de las ONGs es en muchos casos y para ciertos colectivos indispensable, y su compromiso y solidaridad son fundamentales para que el Gobierno de España, los de las CCAA o los Ayuntamientos puedan atender las obligaciones contempladas por la legislación española y europea.

La mayoría de las organizaciones que prestan este tipo de servicios reciben subvenciones de las diferentes administraciones públicas para disponer de equipos de profesionales suficientemente preparados, pisos o centros de acogida dignos y medios materiales para prestar una atención de calidad, a la altura de la dignidad de las personas que reciben las ayudas. Son entidades que reciben fondos públicos y los administran con responsabilidad.

Estas organizaciones luchan por los derechos de los inmigrantes y de los refugiados en los foros de participación social e institucional que se han desarrollado en todos los ámbitos. Discuten con las diferentes administraciones la mejor manera de prestar sus servicios y, en muchas ocasiones, no están de acuerdo con los criterios decididos por la Administración. Firman manifiestos, dialogan con los partidos políticos para convencerles de sus posiciones, denuncian determinadas prácticas y defienden los derechos de inmigrantes y refugiados en todas las instancias, incluidos los tribunales de justicia.

La inmensa mayoría de estas organizaciones quisiera una sociedad y unas administraciones más sensibles, solidarias y comprometidas con las personas que más lo necesitan porque son seres humanos que han salido de sus países huyendo de la guerra, la violencia, el hambre o la miseria, y en búsqueda de una vida más digna.

Esas ONGs respetan las leyes aunque no les gusten y luchen por cambiarlas. Saben cuál es su papel y la legitimidad con la que actúan en el desempeño de sus profundas convicciones humanitarias. Tienen como prioridad atender al sufrimiento y a las necesidades de las personas que reciben sus servicios, pero también son perfectamente conscientes de que no pueden hacerlo al margen de la ley. Saben que las ONGs no están legitimadas para imponer sus decisiones a un gobierno ni por encima de la ley ni al margen de la autoridad pública, porque ni un gobierno es una ONG ni los criterios de una ONG pueden determinar la política de un gobierno.