Colombia sale a las calles tras las revueltas de Chile y Ecuador

Ni tan lejos ni tan cerca de la experiencia chilena

Germán Burgos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Las motivaciones tras el paro nacional convocado en Colombia van desde el cuestionamiento al modelo económico neoliberal, especialmente a nivel pensional y laboral, la defensa de los acuerdos de paz con las FARC, el cuestionamiento a la incapacidad gubernamental para controlar la violencia contra pueblos indígenas y líderes sociales y los abusos de la fuerza pública, todo bajo un telón de fondo de un gobierno cuya popularidad es cercana al 30%, tiene dificultades para dialogar con los actores sociales (por ejemplo el presidente no se ha reunido con representantes de los indígenas del Cauca en sus territorios) y donde obviamente la oposición política tiene intereses legítimos para canalizar las expectativa de diversos actores más o menos organizados.

En esta oportunidad, la convocatoria al paro no procede solo de los actores sindicales y estudiantiles, sino que artistas como Carlos Vives y la recientemente elegida Reina nacional de belleza se han sumado a este llamado, lo cual transmite a primera vista que sectores sociales medios aparentemente “apáticos” a este tipo de acciones, parecen respaldar las movilizaciones.

Frente a ello, la respuesta gubernamental y de sus aliados ha sido la de considerar el paro como una amenaza orquestada internacionalmente, como una movilización movida con el fin hacer daño al gobierno y fundada en “fake news” sobre ciertas políticas económicas en materia pensional y laboral que ni siquiera han sido presentadas al Congreso por el gobierno.

Igualmente se ha resaltado el componente de la eventual violencia asociable al paro, lo cual explica una serie de allanamientos ocurridos el día de ayer contra ciertas organizaciones artísticas y sindicales, así como el acuartelamiento de primer grado de las fuerzas armadas y el llamado a la presencia del ejército para atajar eventuales desmanes en las protestas.

Partiendo de lo anterior, las semejanzas con la situación chilena corresponden al cuestionamiento del modelo neoliberal y sus secuelas de desigualdad social, además de la inicial respuesta policial a las demandas sociales. Igualmente no podría desconocerse la existencia de un movimiento espejo relacionado con distintas movilizaciones sociales en Ecuador, Bolivia, Chile, al margen de su orientación política.

La posibilidad de que el paro se haga sostenido en el tiempo y devenga en cotas de violencia similares se visualiza difícil dado el carácter urbano de la movilización y donde aún los niveles de organización social siguen afectados por el miedo a actores armados estatales y no estatales que reprimen a sus miembros, además del escaso capital social de la población colombiana. Al menos desde la experiencia reciente, los paros locales han tenido un mayor alcance en el tiempo dado que han significado el bloqueo de carreteras en un país con escasa infraestructura.

¿Un paro social o político?

Néstor Laso, abogado y profesor universitario

Hoy está previsto un paro en contra del actual gobierno colombiano de Iván Duque. Colombia no podía estar ajena de la intentona de “brisita bolivariana“ que en terminología empleada por el chavista Diosdado Cabello invade América Latina. Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, han sido recientemente protagonistas de expresiones populares de descontento y protesta en contra de sus gobiernos, si bien no todos con las mismas motivaciones. En el caso de esta convocatoria en Colombia se puede decir que desprende un tufillo político de grandes dimensiones.

Las justificaciones de índole laboral o de financiación educativa, esgrimidas por los inspiradores del paro, no son ciertas. El Gobierno no tiene prevista reforma laboral que disminuya salarios para jóvenes ni reforma pensional alguna, según fuentes gubernamentales, y en el sector educativo se acordó una fuerte inyección económica para su sostenibilidad.

A todo ello hay que unir, pese a la deficiente herencia recibida del anterior Gobierno, los elevados índices de crecimiento económico por los que Colombia está atravesando actualmente a diferencia del resto de países de la región. La última ratio publicada estadísticamente acredita una subida del 3,3 % en el PIB, con perspectivas anuales del 3,5 %, a lo que hay que unir el incremento porcentual detectado en la recepción de inversión extranjera, en clara respuesta a la confianza inversionista internacional que ofrece el Gobierno del Presidente Iván Duque. Es evidente queda mucho por hacer en dicho país, pero las motivaciones económicas no están en ningún modo justificadas.

Las causas son de índole política. Las ansias de mando de la izquierda y extrema izquierda promovidas por su vecino venezolano junto a la añoranza del “santismo político” de las prebendas pasadas disfrutadas, la llamada “mermelada” a favor de congresistas, eliminada por este Gobierno, unido todo ello a un narcoterrorismo beneficiado por un defectuoso Acuerdo de Paz, conforman un cóctel de intereses políticos en la manifestación del 21N, de grandes dimensiones, con ánimo de deteriorar la gobernabilidad del país.

No hay duda tampoco de la presencia infiltrada en la organización de dicho paro de activistas extranjeros, incluso españoles, que ha llevado a la expulsión del país de decenas de instigadores, lo cual no descarta que los episodios de violencia con ánimo desestabilizador se produzcan, todo ello junto al innegable apoyo ideológico del izquierdista Foro de Sao Paulo.

A ello, hay que unir que el ex presidente Juan Manuel Santos, en contra de su promesa de alejarse de la política colombiana, no duda en proferir continuas críticas al actual Gobierno, en alianza con sectores de la izquierda internacional, como incluso hemos visto en estos últimos días en su visita a España, en un evento donde asistió acompañado de dirigentes de Unidas Podemos. En el mismo, atribuyó a Duque la defectuosa implementación de un Proceso de Paz y la reactivación de la violencia desconociendo por su parte los profundos defectos de origen, del Acuerdo que promovió.

Es indudable que Colombia es uno de los grandes países iberoamericanos que constituyen un muro de contención para la incursión del castrochavismo en Latinoamérica. Y que la prestigiosa figura del ex presidente Álvaro Uribe, todavía con gran ascendencia popular, constituye un guardián de la democracia en el país, a fin de que no alcance sus evidentes objetivos de poder, que podrían poner en peligro los derechos y libertades del pueblo colombiano.