Colombia se blinda ante el paro nacional para evitar el contagio chileno

Las autoridades de Colombia se han puesto en guardia ante el paro nacional convocado este jueves para pedir que el Ejecutivo no haga reformas en el mercado de trabajo ni en el sistema de pensiones, pero también para exigir que se cumplan los acuerdos de paz y cese la violencia. Las medidas de seguridad adoptadas han levantado la señal de alarma entre organizaciones civiles. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el aumento de la presencia de militares en las principales ciudades del país, informa Efe.

La convocatoria de huelga se produce un año y medio después de la llegada al poder del conservador Iván Duque y los analistas consultados consideran que el paro será un termómetro para medir el malestar social en un país que se dividió con la firma de los acuerdos de paz de 2016 con las FARC. Las demandas económicas están en un segundo plano en el paro de mañana. El crecimiento económico del país es del 3,3%, muy por encima de la media de la región.

El Gobierno quiere evitar que Colombia caiga en una espiral de violencia como la que se ha desatado en varios países de la región, especialmente en Chile, donde miles de personas piden en las calles reformas profundas al Ejecutivo de Sebastián Piñera. El senador y ex presidente Álvaro Uribe señaló que el paro "hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por gobiernos opositores cuyo propósito ha sido bloquear el gobierno del presidente Iván Duque".

La semana pasada se dio la orden de acuartelamiento de las tropas en primer grado (máxima alerta) y se decretó el cierre de las fronteras nacionales durante la jornada del 21, algo que según la revista Semana “no tiene precedentes recientes”. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que los militares sólo estarían para apoyar a la Policía en caso de que lo soliciten los alcaldes de las ciudades afectadas por el paro.

Este martes el director de Migración Colombia, Christian Kruguer, anunció el cierre de las fronteras como medida preventiva después de haber expulsado a 15 venezolanos acusados de querer infiltrar las marchas de este jueves.: "El gobierno nacional con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas tomado la decisión de cerrar las fronteras terrestres y fluviales (…) para evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad".

En las últimas horas, los medios locales han informado de “decenas de allanamientos que causaron la indignación de los convocantes”. La Policía detuvo a dos hombres y se incautó de elementos químicos que supuestamente se usarían para fabricar explosivos. “Hubo operativos incluso en la sede de un medio de comunicación y en espacios de colectivos artísticos”, informa Semana, ya criticado por Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

En una entrevista con Noticias Caracol, el presidente Duque aseguró que "la protesta pacífica siempre es un mecanismo de expresión ciudadana en una democracia", pero al mismo tiempo dejó claro que “toda la sociedad tiene que rechazar el vandalismo, el pillaje, la agresión, la violencia de quienes muchas veces quieren pescar en río revuelto”.

Duque también criticó la difusión de “noticias falsas” que, según sugirió, han inspirado la convocatoria del paro y negó que se vaya a desmantelar Colpensiones. Los convocantes del paro sostienen que el ejecutivo quiere privatizar el sistema público de pensiones y “destruir la estabilidad laboral” con una reforma del mercado de trabajo.

Al paro, convocado el 5 de octubre por la Central Unitaria de Trabajadores, se han ido sumando sectores, como estudiantes, profesores y comunidades indígenas y los partidos de la oposición. La convocatoria ha tomado impulso gracias al apoyo de la recién proclamada reina de belleza de Colombia y del cantante Carlos Vives, quien escribió: “Las marchas son expresión de una sociedad que se une para protegerse y enviar un mensaje a sus gobernantes”.

La Iglesia Católica también defendió la huelga en un comunicado de seis puntos. En una entrevista con el diario “El Tiempo”, Elkin Fernando Álvarez, el secretario general de la Conferencia Episcopal, explicó que “las movilizaciones ciudadanas revelan problemas que no hemos podido solucionar” y recordó que “vienen de tiempo atrás”.

Junto a las razones de índole económica, los organizadores también han puesto como argumento para la protesta el problema de la violencia, y señalan las ejecuciones de indígenas en el Cauca, los asesinatos de líderes sociales y la muerte de 158 miembros del partido Farc desde la firma de los acuerdos de paz.

A preguntas de LA RAZÓN, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Medófilo Medina, aseguró que "es difícil prever las características del paro, lo único claro es que va a tener una gran aceptación por muy diversas organizaciones y numerosas razones, si bien no creo que sea grande como las protestas en El Alto y en La Paz o las de Santiago y otras ciudades de Chile".

Por su parte, el analista político Rodrigo Pombo aseguró a este periódico que el paro es un reflejo de la polarización que vive Colombia desde la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. “Los que van a marchar son sectores de centro izquierda que pretenden que el Gobierno asuma unos costes sociales imposibles de asumir porque superarían cinco veces el presupuesto de inversión social actual”.

Además apunta que la diversidad de objetivos de la marcha “anticipa el fracaso por más movilización que haya”. “Quieren protestar para defender a Evo Morales, para tumbar al presidente Duque, para que no haya una reforma pensional ni educativa, para que se implementen los acuerdos de La Habana, para que haya más recursos para el deporte, para que no se paguen los créditos al FMI. No existe un mandato claro contra el Gobierno”, añadió Pombo