La democracia chilena cumple 30 años en plena crisis de identidad

El referéndum constitucional del 26 de abril coloca al ‘modelo chileno’ en una encrucijada

Protest against Chile's government in Santiago
Un vehículo policial de cañones de agua se incendió durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago, Chile, 6 de marzo de 2020. (REUTERS / Ivan Alvarado)IVAN ALVARADOReuters

Hoy se cumplen 30 años desde que Augusto Pinochet abandonó el cargo, poniendo fin a 17 años en los que Chile sufrió una dictadura militar que hizo del asesinato y la tortura todo un “arte”. Cuyas víctimas ascienden -según las cifras oficiales- a 28.459 torturados, 3.227 asesinados o “desaparecidos”, y 200.000 exiliados. Después de 30 años de democracia, el modelo chileno está en una encrucijada.

Durante años, este modelo ha sido -para los amantes del libre mercado- la evidencia palmaria de cómo la libertad económica puede transformar la vida social en un escenario pacífico, próspero y tolerante. Para los defensores de la planificación, se ha convertido -por el contrario- en el ejemplo claro de cómo la libertad de los agentes económicos termina, irremediablemente, produciendo desigualdad y deficiencias en los servicios básicos.

Pero, ¿cuál es el modelo chileno?

Para responder a esa pregunta hay que remontarse al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 que dio inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet. O más concretamente a 1975, cuando el régimen puso en marcha una política económica que tenía como objetivo, esencialmente, revertir las ingenuas medidas que había puesto en marcha el presidente socialista Salvador Allende. Que en solo tres años, consiguió colapsar por completo la economía, dejando una hiperinflación que alcanzó el 600%, con la consecuente caída del poder adquisitivo de los chilenos, la abrupta interrupción de la inversión extranjera, la escasez de productos básicos, (…)

La nueva política económica del régimen vino de mano de “El Ladrillo”. Un documento elaborado por los célebres ‘Chicago Boys’, un grupo de economistas chilenos formados en la Escuela de Chicago bajo la tutela del gurú económico Milton Friedman. Esencialmente, la nueva hoja de ruta se basaba en limitar a su mínima expresión el control del Gobierno sobre la economía.

A ‘grosso modo’ -y obviando algunos graves contratiempos- los nuevos planteamientos dieron buenos resultados: la inflación cayó hasta el 9% anual, la economía comenzó a crecer a un ritmo del 10% y, tanto la inversiones extranjeras como la exportaciones, se multiplicaron de forma sustancial.

“No son 30 pesos, son 30 años”

Ante el cuestionamiento internacional por las graves violaciones de los Derechos Humanos, la dictadura anunció en 1988 un plebiscito para legitimar la permanencia de Pinochet en el cargo. Pero no hizo bien los cálculos, y perdió contra un 58% de los votos. Así que, el 11 de marzo de 1990, el general Augusto Pinochet cedió el bastón de mando a Patricio Aylwin, candidato de la coalición de centro-izquierda ‘Concertación de Partidos por el No’. Dándose así el pistoletazo de salida a estos 30 años de democracia.

Los gobiernos de Chile de las décadas siguientes -en su mayoría de la concertación- mantuvieron y consolidaron este modelo económico. Lo que permitió el constante progreso económico y la estabilidad política. Con este ‘boom’ de la economía, los chilenos disfrutaron de los mayores ingresos ‘per cápita’ de la región. Llegando -incluso- a ser considerado como el tercer país del continente en términos de desarrollo humano, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Chile pasó de tener en 1990 casi un 70% de personas bajo el umbral de la pobreza, al 8,6% actual.

Pero las cifras macroeconómicas reflejaban una imagen de Chile que no se correspondía con el descontento social que estalló el pasado mes de octubre: En unos pocos días, el ‘oasis’ chileno estaba -literalmente- en llamas. Bastó una pequeña subida en el precio del billete del Metro de Santiago (la cuarta en dos años) para que cientos de estudiantes se rebelasen. En un principio se limitaron a evadir los controles de acceso al transporte público, pero a medida que pasaban los días, se hacían cada vez más frecuentes actos vandálicos como la quema de trenes y de mobiliario urbano.

En respuesta a la dramática situación, el presidente Piñera decretó el estado de emergencia y el toque de queda en varias zonas del país. La situación se había vuelto insostenible. Las cada vez más multitudinarias manifestaciones -con el consecuente vandalismo- se extendieron por todo el país. Pero las exigencias sobre el precio del billete de metro ya habían quedado atrás. Ahora se ponía en cuestión el modelo chileno en su totalidad. Por las grandes deficiencias en diferentes sectores, como en el sistema de salud, en las pensiones, la educación, los altos niveles de corrupción, (...).

Y la movilización del Cuerpo de Carabineros para reprimir las protestas, lejos de apagar la llama del descontento, echó más gasolina al fuego. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le atribuye gravísimos abusos a la unidad policial: uso excesivo de la fuerza, detenciones masivas y arbitrarias, malos tratos durante los arrestos, incluyendo la violencia sexual y la tortura, y lesiones oculares en 240 manifestantes por las balas de goma y perdigones que los agentes dispararon indiscriminadamente.

El “estallido social” ha dejado, hasta ahora, más de 32 fallecidos, miles de detenidos y de heridos, y pérdidas económicas que se estiman en 3.300 millones de dólares. La situación también amenazó con iniciar un juicio político contra el presidente Piñera, cuya popularidad está en mínimos históricos.

En este contexto, Gobierno y oposición firmaron el 15 de noviembre el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” para responder a una de las principales exigencias de los manifestantes. En virtud del cual se convoca, para el próximo 26 de abril, un referéndum en el que se decidirá si se aprueba la creación de una nueva Carta Magna.

¿Una nueva Constitución, o un nuevo modelo?

El país suramericano se enfrenta a unos meses complicados ante el referéndum para cambiar la Constitución de 1980. Un texto promulgado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que desde algunos sectores es considerado el origen de las desigualdades del país.

La campaña que acaba de iniciar por el “Apruebo” o “Rechazo” podría -según los expertos- dar un nuevo impulso al conflicto civil. A pesar de que los favorables a la opción del ‘rechazo’ son minoría (27% según la consultora Cadem), los apoyos a esta opción son cada vez más grandes, sobre todo en la derecha. Consideran que iniciar un debate sobre la redacción de una nueva Carta Magna podría poner en riesgo el modelo y empeorar con ello la situación. Aunque sí son favorables a una reforma, no lo son tanto a rehacerla desde cero. Desde el sector del 'Apruebo’, por su parte, reconocen que una nueva Constitución no va a solucionar los graves problemas de los chilenos, pero sí podría dejar atrás la dictadura.