Vista externa del edificio administrativo de la Asamblea Nacional ayer lunes 4 de enero, en Caracas. Después de cinco años, el chavismo retoma este martes, oficialmente, el control del Parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras, lideradas por Juan Guaidó, han declarado que extenderán sus funciones un año más al considerar que las elecciones legislativas fueron un "fraude". EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Maduro consuma el fraude y retoma el control del Parlamento con hipermayoría

La extensión de la Asamblea Nacional de 2015 divide a la oposición y complica la estrategia de Guaidó contra la dictadura

En nueva semana de “cuarentena radical”, el chavismo se dispone este martes a hacer gala de la “retoma” del control del poder legislativo venezolano. En la sede de la Asamblea Nacional los adjudicados como diputados luego de las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, no reconocidas como válidas por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores nacionales e internacionales tomarán juramento e instalarán un parlamento controlado por Nicolás Maduro.

El acto será en el edificio del Palacio Federal Legislativo, de donde los legisladores electos en 2015 fueron impedidos de sesionar desde hace un año, y ha sido organizado por el Ministerio de Información del régimen venezolano, confirmando el control que el poder Ejecutivo tiene sobre las actividades de ese parlamento en el cual el chavismo tendrá una hipermayoría de 93% de los escaños.

Rodríguez o Cabello, presidentes

Se espera que Jorge Rodríguez,exministro de propaganda del régimen y jefe electoral del chavismo, o el segundo hombre más poderoso del país, Diosdado Cabello, quien presidió la plenipotenciaria constituyente hasta diciembre, asuman la presidencia de esa Asamblea Nacional. También, que un integrante de uno de los partidos de la oposición minoritaria que acompañaron los comicios convocados por Maduro se integre a la directiva.

Así se pretende dar visos de “reinstitucionalización” del Parlamento, de apertura al diálogo, de ganas de trabajar en conjunto “para superar la crisis”, como se le ha escuchado a distintos voceros.

Mientras esos opositores hablan de reencuentro y planes para mejorar condiciones de vida del venezolano, en el sector oficial lo que vienen son castigos: la principal promesa es investigar y actuar penalmente contra los actuales diputados opositores por supuestamente robarse recursos del Estado, incluyendo activos en el exterior que ahora controla el llamado “gobierno interino” que encabeza Juan Guaidó.

Fisuras en la oposición

Del lado opositor las aguas no están calmas. La Asamblea Nacional presidida por Guaidó decidió extender sus funciones más allá de su período legislativo que vence este 5 de enero, para evitar un vacío constitucional, al considerar como nulas las elecciones del pasado diciembre. Pero el apoyo a tal moción tiene grietas.

A la cuenta de 167 diputados electos en 2015 hay que restar los del chavismo, los que decidieron participar el 6D y ahora los que no acompañan la interpretación constitucional que soporta esa “continuidad”. No está claro cuántos parlamentarios en verdad siguen en ejercicio entonces.

Además, este lunes varios parlamentarios se despidieron de sus curules vía redes sociales, y otros cambiaron sus biografías para quitarse las descripciones biográficas como “diputados”, comenzando por quienes aún están en Venezuela.

Miedo a ir preso

“Nadie quiere ir preso”, decía un legislador a LA RAZÓN pidiendo resguardar su identidad. Explicó que aunque algunos no usen más el título, seguirán respaldando a Guaidó.

Ya Diosdado Cabello y otros actores del chavismo han vertido amenazas ante quienes se asuman diputados más allá de este 5 de enero. Todos recuerdan que cuando el parlamento designó magistrados del Tribunal Supremo que el régimen consideró como ilegítimos, dos de ellos fueron a parar a calabozos y el resto al exilio.

La Asamblea Nacional de Guaidó ha quedado representada por su Comisión Delegada, que asume las funciones del legislativo en períodos de vacaciones. Se trata de menos de 30 personas, la mayoría en el extranjero, que fungirán entonces como parlamento “legítimo” “durante un año o hasta que haya elecciones libres”.

Europa y EE UU, marcan el paso

Una situación jurídica difícil de tragar, especialmente para la Unión Europea que aún no decide públicamente qué hacer con respecto al descalabro institucional de Venezuela. En círculos políticos nacionales se asume que Bruselas no reconocerá al parlamento entrante, pero tampoco acompañará un “mandato extendido” del actual.

En Estados Unidos hay mayor claridad, al menos mientras en la Casa Blanca esté Donald Trump. Este lunes la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que “autoriza las transacciones y actividades que involucran” a Guaidó como “presidente interino de Venezuela”, a la Asamblea Nacional vigente y “a su Comisión Delegada”, informó el Departamento del Tesoro, confirmando el reconocimiento de Washington al Gobierno encargado. En contraste, prohibió cualquier actividad que involucre a la “Asamblea Nacional ilegítima” surgida del 6 de diciembre.

Este martes en Venezuela habrá dos actos legislativos. El chavismo instalará su parlamento en un edificio. Y Juan Guaidó convocó a los suyos “para la instalación del próximo periodo legislativo el 5 de enero”, el domingo pasado en una sesión virtual.