Así prepara Maduro el fraude electoral del 6-D

La recta final de la campaña electoral para la farsa electoral que ha convocado Nicolás Maduro, y con el cual pretende sustituir la Asamblea Nacional que controla la oposición ha puesto de mayor relieve las razones por las cuales la oposición se ha negado a participar y la comunidad internacional ya ha optado por no reconocer ni la cita ni sus resultados.

El proceso, calificado como fraudulento por la Asamblea Nacional, 37 partidos de la oposición mayoritaria, Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea, pondrá en funcionamiento un sistema electoral diseñado para favorecer a los candidatos del oficialismo. Aun así, el chavismo ha optado por activar una campaña electoral que mantenga la ilusión de que se trata de una competencia democrática.

Aguas abajo las realidades son otras, como queda registrado en el seguimiento que han hecho grupos ciudadanos como el Observatorio contra el Fraude instaurado por el propio Parlamento, así como el Observatorio Electoral Venezolano, una organización de amplia trayectoria.

Las legislativas del domingo se celebrarán en más de 14.000 centros electorales, donde Maduro ha dicho que la gente «recuperará» el Poder Legislativo que desde 2016 se encuentra en manos de sus adversarios. «Necesitamos rescatar la Asamblea Nacional. ¿No es suficiente cinco años de sabotaje y de conspiración, pidiendo una intervención militar para Venezuela?», se preguntaba al pedir el voto para los candidatos del partido oficial, entre ellos su esposa e hijo.

El Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional registra chantajes hechos por candidatos del oficialismo al respecto de la entrega de bonos en efectivo, ayudas económicas que mensualmente asigna el régimen, anunciando que serán eliminados a quienes no voten.

Asimismo, candidatos oficialsitas han hecho campaña entregando cajas de comida subsidiadas del CLAP, un programa gubernamental, en 55,6% de los municipios del país, según el Observatorio contra el Fraude.

Por otra parte, dirigentes del partido oficial han hecho campaña con recursos de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela por Unicef, haciendo entrega de alimentos de la organización internacional mientras piden votos, denunció el diputado Carlos Valero distribuyendo fotografías de las actividades.

La propia Unicef debió reaccionar en Twitter: «Unicef trabaja con base en los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Los suministros y el apoyo que ofrecemos en el país son gratuitos y no deben ser utilizados con fines distintos a la atención de los niños y sus familias».

Entretanto, Maduro y el PSUV han hecho campaña electoral utilizado recursos del Estado, con transmisiones televisadas, mensajes presidenciales llamando a votar por el partido, y organizando movilizaciones partidista utilizando equipos gubernamentales a nivel local, regional y nacional. El propio gobernante ofreció «premiar» a las 100 comunidades que tengan el mayor porcentaje de participación el 6-D.

Maduro indicó que será un «premio directo» que entregará el jefe de la campaña en cada zona. «La comunidad nos dirá: necesitamos tal cosa y el comando de campaña se mueve y resuelve, compadre».

En términos institucionales, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) estima que más de un millón de electores fueron migrados de centro electoral sin solicitarlo y a 4 de cada 10 afectados el nuevo centro le queda más lejos de su residencia con respecto al anterior, lo que constituye una vulneración del derecho al voto.

Asimismo, durante el fin de semana de del 28 y 29 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó la reubicación de 100 centros de votación, que se sumaron a otros 200 que ya habían sido migrados en octubre, y cuya divulgación se reduce a una publicación en PDF en su página web oficial.

La actitud del CNE ha sido de mirar a otro lado cuando se trata de violaciones a la ley. Por ejemplo, no ha sancionado la campaña hecha por funcionarios públicos, pero tampoco impidió que al menos 90 integrantes de la asamblea constituyente chavista se postularan como candidatos sin renunciar al cargo que ejercen. La Constitución establece que deben hacerlo tres meses antes del proceso electoral.

Dos muertos en campaña

Por otra parte, se han registrado dos muertes entre los candidatos. Un integrante de un partido que dice oponerse a Maduro fue asesinado a tiros, y sus compañeros acusaron al rival, militante del oficialista PSUV. Otro de los aspirantes murió por covid-19 mientras el Gobierno afirma que logró «aplanar la curva» de la pandemia en el país.

Quienes acudan el 6 de diciembre a un centro electoral, encontrarán una máquina electoral nunca antes usada, que no se compró por licitación pública ni se ha informado cuánto costaron, y allí verá un tarjetón electoral en el cual el 30% de las papeletas, equivalente a más de la mitad de los partidos opositores inscritos, corresponde a organizaciones intervenidas por el Tribunal Supremo controlado por el chavismo, que les impuso directivas los candidatos.

También verán la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, que levanta las banderas del chavismo, pero se alejó de Maduro, aunque no haya podido hacer campaña, pues ha denunciado censura en los medios de comunicación públicos y privados, responsabilizando a los funcionarios del régimen.

Quienes sí han hecho mítines electorales llamando a votar, de distintos colores, han violentado las disposiciones de la cuarentena por la pandemia, y también un decreto presidencial vigente, siendo el partido de gobierno el que ha organizado mayor cantidad de eventos multitudinarios donde no se respeta ninguna norma de bioseguridad, excepto por el uso esporádico de mascarilla.