Unión Europea

España, el «hub» europeo de los refugiados afganos

Desde 2015, Bruselas no consigue pactar cuotas obligatorias entre los Veintisiete. Merkel asegura que Alemania tratará de proseguir las evacuaciones tras el 31 de agosto

Una mujer sostiene a un bebé afgano evacuado en el aeropuerto de Roma
Una mujer sostiene a un bebé afgano evacuado en el aeropuerto de RomaGUGLIELMO MANGIAPANEREUTERS

La negativa de Joe Biden a continuar con la evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul más allá del 31 de agosto impide que los países europeos puedan cumplir sus promesas de sacar del país, tanto a los afganos que han colaborado con las fuerzas occidentales durante todos estos años, como a personalidades prominentes, sobre todo mujeres, que en estos dos décadas se han destacado por su defensa de los derechos humanos y cuyas vidas corren ahora peligro. La frustración es el sentimiento dominante en las cancillerías.

Después de que los países del G 7 fueran este pasado martes incapaces de convencer al inquilino de la Casa Blanca sobre un cambio de parecer, con el objetivo de una prórroga de la misión más allá de finales de agosto, todo indica que ningún país europeo va a ser capaz de garantizar la seguridad de sus tropas tras la retirada de EEUU. Nos encontramos en los preámbulos de una nueva catástrofe anunciada, ya que el aeropuerto de la capital afgana puede quedar a merced de los talibanes incluso antes de finales de este mes.

La ministra de Defensa belga, Ludivine Dedonder desveló ayer en una entrevista con varios diarios de su país que la Administración estadounidense ha urgido en privado al resto de los países para que terminen sus evacuaciones desde Afganistán este viernes 27 de agosto como límite máximo, ante el temor de que los talibanes cumplan sus amenazas. De hecho, Francia ya ha anunciado que el proceso puede terminar un día antes, hoy mismo, según reconoció ayer el ministro de Asuntos Europeos Clément Beane en una entrevista a cadena CNews y Londres confía en que el proceso pueda prolongarse hasta el día 31.

Reino Unido supone un caso especialmente sensible ya que ha sido el país, tras EEUU, con más tropas y, por lo tanto, más colaboradores sobre el terreno, a los que se ve en el deber moral de auxiliar. Según las fuentes del ministerio de Defensa consultadas por el rotativo The Guardian, hay 2.000 personas, que durante estos años han trabajado como interpretes y otras funciones para las tropas y el gobierno británicos, que aún permanecen en el país a la espera de ser evacuadas, a los que se une otra lista de casos especiales, cuyo número se desconoce, entre los que se encuentran activistas por derechos humanos, jueces y personas del colectivo LGTBI, aparte de un pequeño número de británicos que aún continúa varados en Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab ha reconocido que no sabe cuántas personas pueden quedar abandonadas a su suerte en el país tras la retirada de las tropas del día 31 ante lo caótico del proceso.

El Gobierno holandés también advirtió ayer de que hay “una gran certeza” de que no podrá evacuar de Afganistán a todas las personas en riesgo de represalia por parte de los talibanes ya que el 31 de agosto es una fecha prematura y no hay suficiente tiempo. Italia también ha asegurado, por boca de su ministro de Exteriores, Luigi di Maio que, tras la salida de los soldados de EE UU, " no será posible, ni para nosotros ni para ningún país de la Alianza, mantener presencia alguna”. El Gobierno polaco también anunció que a partir de hoy no enviará más aviones al aeropuerto de Kabul.

Pero no sólo se trata de las evacuaciones. Las autoridades europeas también han admitido que ahora mismo un existe un plan europeo para reubicar a aquellos afganos que han trabajado directamente para las instituciones comunitarias y que han podido salir del país gracias a España, que ha improvisado un campamento de refugiados en Torrejón de Ardoz.

Una vez que aterrizan en suelo español se sometieron a estrictos controles. Les recibió personal de Cruz Roja que les realizó una prueba de antígenos para controlar la expansión de la pandemia, informa Susana Campo. En total, hay 20 efectivos médicos, de enfermería y de apoyo. Posteriormente, miembros de la Policía Nacional proceden a su filiación. Los agentes están coordinados con la Comisaría General de Extranjería, la Comisaría General de Policía Científica y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado para llevar a cabo las comprobaciones de seguridad oportunas de todos los afganos que entren en España. Además, todos ellos reciben atención psicológica dada la situación tan traumática que dejan atrás.

Todo depende de la buena voluntad de los países europeos ya que desde la crisis de 2015, debido a las llegadas masivas de sirios, el club comunitario ha fracasado una y otra vez en la posibilidad de poner en marcha un sistema de cuotas obligatorias o un mecanismo de solidaridad alternativo, ante este tipo de circunstancias excepcionales. Tras la reunión del G7 el pasado martes, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, recordó que “el reasentamiento es voluntario”. De momento, la presidencia eslovena no ha convocado ninguna reunión de urgencia para abordar este asunto, aunque puede hacerlo según la evolución de los acontecimientos.

Además, tras las profundas diferencias entre los socios del Este y el Oeste del club comunitario durante la crisis de 2015, Bruselas ha hecho del blindaje de fronteras su máxima prioridad. Las heridas nunca se cerraron y siguen supurando. Por eso, la Comisión Europea baraja llegar a acuerdos con países terceros como Afganistán e Irán para que acojan a los demandantes de asilo a cambio de dinero, en una reedición del pacto con Turquía firmado en 2016 y que las instituciones europeas consideran un éxito ya que redujo de manera drástica las llegadas a suelo europeo a través de las islas griegas.

La ONG Save the Children condenó ayer en un comunicado la postura de las autoridades europeas en esta nueva crisis de refugiados y exigió a los políticos europeos que “cumplan sus obligaciones morales y legales” a la hora de garantizar la protección de “aquellos menores que soliciten protección internacional en suelo comunitario”.