Brasil despliega al Ejército en la frontera venezolana

Brasil se blinda. El presidente Michel Temer nunca se caracterizó por ser un mandatario condescendiente con la inmigración, pero la crisis de Venezuela trasciende lo social para cruzar la línea de lo político. Abrir las puertas a los refugiados venezolanos era una manera de mostrar su rechazo al régimen chavista, pero la situación se ha desbordado. Por ello, el Gobierno brasileño prepara un sistema que, de facto, limita la entrada de inmigrantes. Temer señaló ayer que su Ejecutivo estudia «dar turnos para que entren 100, 150 o 200 venezolanos por día para organizar un poco más los ingresos» al país. Las autoridades brasileñas aseguran que una media de 600 o 700 personas entran cada día por Roraima –principal puerta de entrada– y de ellos, entre el 20% y el 30% se quedan en el país. Y todo horas después de que el Ejecutivo firmase un decreto que autoriza al Ejército a actuar «por seguridad» las próximas dos semanas, hasta el 12 de septiembre, en el Estado de Roraima.

«Las cosas estaban avanzando a un ritmo desagradable en relación al pueblo venezolano y brasileño», indicó el líder conservador para justificar la aplicación de la Ley de Garantía y del Orden después de que el día 20 hubiera incidentes en la ciudad de Pacaraíma, del lado brasileño de la frontera. Esta misma ley es la que utilizó la Administración para movilizar al Ejército en Río de Janeiro tras una ola de violencia incesante en las favelas.

Unos 2.000 brasileños atacaron campos de inmigrantes en la ciudad después de que, aparentemente, se produjera un supuesto asalto por parte de venezolanos contra un comerciante en la ciudad. El Gobierno de Roraima está enfrentado al Ejecutivo de Temer por su política migratoria, y asegura que los servicios sociales del Estado –educación y sanidad– están saturados por la llegada de miles de inmigrantes. Más de 127.000 venezolanos han entrado en Brasil por tierra desde 2017, según datos del Gobierno, aunque las autoridades federales señalan que el 60% de ellos salió con destino a un tercer país.

Las autoridades locales culpan a las federales de no transferir recursos económicos para lidiar con la oleada migratoria, y han pedido a la Corte Suprema el cierre de la frontera. Por su parte, el Ejecutivo reitera que «está fuera de cuestión» el cierre total a la oleada de exiliados, pero, tras lo dicho ayer por Temer, prepara medidas más duras para ellos.