Bruselas estudia «todas las opciones» ante un descarrilamiento del Brexit

Los líderes de los 27 endurecen su postura y se niegan a pagar la factura del divorcio.

El tren puede descarrilar en cualquier momento y Bruselas no piensa alentar espejismos triunfalistas al otro lado del Canal de la Mancha. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, compareció ayer ante los medios de comunicación para presentar el mandato que guiará al Ejecutivo comunitario durante todo el proceso de negociaciones y que, lejos de rebajar las exigencias suscritas por los Veintisiete en la cumbre del pasado sábado, incluso las eleva. Dos son los aspecto clave que en estos momentos acarrean los mayores desvelos de los negociadores comunitarios: la factura de salida y los derechos de los ciudadanos comunitarios que residen en Reino Unido y que deberán estar garantizados durante toda su vida.

A pesar de que uno de los propósitos de la Comisión Europea es terminar con los diez meses de incertidumbre desde el referéndum, Barnier no dudó en asegurar que las negociaciones pueden «explotar» en cualquier momento e incluso reconoció que ante la posibilidad de una salida abrupta de Reino Unido del club comunitario, Bruselas estudia «todas las opciones». Aunque esta última desde luego no sea su preferida. Hasta ahora había sido el Ejecutivo de Theresa May el único en mostrar sin ambages su preferencia por la falta de acuerdo antes que por uno perjudicial para Londres.

Pero el proceso no será indoloro por mucho que May esté ya en plena pre-campaña electoral y éste no sea el mejor mensaje de cara a sus votantes. Barnier alertó contra aquellos que consideran el Brexit como una alfombra roja en la que Londres saldrá triunfante y alertó de que «algunos han creado la ilusión de que el Brexit no tendría ningún impacto material en nuestras vidas o que las negociaciones concluirían de forma rápida y sin dificultades». Fuentes diplomáticas redundan en la idea de que en el divorcio no puede haber ganadores sino tan sólo un acuerdo en el que las dos partes minimicen «el control de daños». Un mensaje que aún cobra mayor sentido después del artículo publicado en el rotativo alemán «Frankfurter Allgemeine Zeitung» en el que se informa de los malos resultados de la cena entre el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y May el miércoles en Londres.

Las espadas continúan en alto. Estas nuevas directrices más detalladas serán refrendadas por las capitales europeas el 22 de mayo como paso previo a que Londres y Bruselas se vean las caras y comiencen las negociaciones propiamente dichas. En los pasillos comunitarios se da por sentado que las elecciones del 8 de junio supondrán un retraso de unas dos o tres semanas. A pesar de las tensiones, Barnier aboga por el pragmatismo. «Tendremos la cabeza fría, seremos transparentes y nos centraremos en resolver problemas», prometió el negociador de las instituciones comunitarias. Pero las líneas rojas permanecen inmutables.

El coste de la salida

Fuentes diplomáticas auguran un auténtico «choque de trenes» entre Londres y Bruselas ante la disparidad de los planteamientos. Este montante incluirá la contribución británica al presupuesto comunitario hasta 2020 y, por lo tanto, partidas que se materializarán después del Brexit; también las correspondientes cuotas británicas en el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo, la parte proporcional de las jubilaciones de los funcionarios comunitarios y otros fondos relacionados con políticas europeas. Esto último incluiría, por ejemplo, el fondo suscrito con Turquía para el control de los flujos migratorios.

Además, Reino Unido no tendrá derecho a reclamar su parte proporcional de los activos comunitarios (edificios y otras propiedades de la UE) lo que echa por tierra sus deseos de rebajar la factura y deberá también pagar los gastos de mudanza de las dos agencias europeas en suelo británico y que serán recolocadas. Asimismo, Londres deberá presentar un plan de cuándo y cómo pagará la factura. Aunque se espera que haya un acuerdo sobre el método para establecer los compromisos en los primeros meses de las negociaciones, el montante definitivo no llegará hasta el final del proceso de salida y la CE advierte de que podrá ser modificada en el futuro en atención a criterios de carácter técnico. Bruselas no confirma la última cifra esbozada por el «Financial Times» de 100.000 millones de euros.

Residentes en Reino Unido

Sus derechos permanecerán vigentes durante toda su vida y esto incluye no sólo permanecer en territorio británico sino también el de optar a un empleo; tener garantizada la pensión y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en cualquier Estado miembro antes del divorcio británico. Estos derechos también comprenden a los ciudadanos comunitarios que se instalen en Reino Unido de ahora en adelante y hasta la fecha de salida. Los familiares y personas dependientes que se encuentren en el país también estarán cubiertos por la protección europea aunque no hayan trabajado.

Tribunal de Justicia

El alto tribunal seguirá siendo el máximo interprete de la legislación comunitaria, también después del Brexit. Los ciudadanos comunitarios que vean conculcados los anteriores derechos podrán recurrir a este tribunal como última instancia. Esto mismo se aplicará también a los británicos que residan en suelo europeo.