Cameron declara la guerra a los inmigrantes de la UE

David Cameron planea imponer un tope de 75.000 inmigrantes europeos al año, tras revisar las políticas de libertad de movimiento dentro de la UE. La jugada es un órdago en toda regla a Bruselas. El problema es que aún no ha mostrado sus cartas, ya que la medida aparece en un documento interno de Downing Street que acaba de filtrarse y que la responsable de Interior, Theresa May, se negó a comentar ayer. Pero las informaciones difundidas por la Prensa han adquirido tal protagonismo que el mismo Nick Clegg, socio de Cameron, tuvo que salir a la palestra ayer para descalificar la propuesta por «ilegal» e «impracticable». El hecho de que el viceprimer ministro no sólo no esté al tanto de los planes que rumian sus compañeros de coalición, sino que además los critique en público, es prueba irrefutable de la gran tensión entre liberal demócratas y conservadores en materia de inmigración.

Clegg considera que cerrar las puertas dañaría la economía del país y enfrentaría a Londres con el resto de Estados miembros. Pero Cameron está más decidido que nunca a endurecer los controles en la frontera para distanciarse del UKIP. El partido de la Independencia de Reino Unido, liderado por Nigel Farage, está ganando peligrosamente puestos en los sondeos con un mensaje anti UE y anti inmigración. Y con las elecciones europeas tan cerca, el primer ministro no se puede permitir ningún desliz si quiere garantizar su puesto de cara a las generales de 2015.

Entre las medidas recogidas en el documento, según las filtraciones, también se destaca que los profesionales altamente cualificados de países como Alemania, Países Bajos y Austria sólo deberían comprar billete de avión si llegan con una oferta de trabajo. Los que no cuenten con titulación tendrán vía libre sólo si el puesto es rechazado por los británicos. Varios expertos advirtieron que Reino Unido tendría que dejar la UE o renegociar los acuerdos del Tratado de Roma si quiere implementar esta hoja de ruta. A principios de año, Cameron prometió que, si ganaba las próximas elecciones, los británicos podrán decidir su futuro en la UE.

Una fuente de Whitehall señaló ayer a «The Times» que el tope de 75.000 europeos al año no figuraba en el proyecto. La cifra fue sugerida por David Goodhart, director del «think tank» Demos. Se antoja difícil aún así conseguirla, ya que, sólo en la primera mitad de este año, 183.000 ciudadanos de la UE se trasladaron a Reino Unido. Desde el número 10 insisten en que Cameron sólo quiere imponer restricciones a países como Turquía, que aún no forma parte de los Veintiocho.

Otras propuestas que también se han filtrado incluyen bloquear ayudas estatales a los inmigrantes en sus primeros cinco años de residencia, reservar puestos de trabajo a los nacionales y limitar el acceso al mercado laboral a los ciudadanos de aquellos países cuyo PIB no alcance el 75% del británico. Esta última medida está dirigida a rumanos y búlgaros. Ambos países ingresaron en la UE en 2007, pero se acordó que su población tendría restringido el acceso al mercado laboral en suelo británico hasta el 1 de enero. Con la fecha ahora tan próxima, el «premier» quiere imponer una serie de limitaciones, como deportar a aquellos que «mendiguen o duerman en la calle». En este sentido, Cameron ya especificó que Londres expulsará a quienes «no estén aquí para trabajar» y vetará su entrada hasta 12 meses «si no pueden demostrar que tienen un motivo apropiado» para volver. Para prevenir los abusos laborales de la población extranjera, adelantó que perseguirá a quienes contraten a personas por debajo del salario mínimo. Estos empleadores pagarán una multa de hasta 20.000 libras (casi 24.000 euros) por cada trabajador, «más de cuatro veces» lo previsto por las leyes actuales.

Según «The Times», la elaboración de este documento está generando tensiones no sólo con los liberal demócratas, sino también en las propias filas conservadoras. Un diputado «tory» aseguró al rotativo de manera anónima: «Todos sabemos el juego que están jugando y sus planes de sacar al país de la UE. Sin embargo, sólo hay 30 parlamentarios conservadores que creen que estamos mejor fuera, contra los 50 que estamos decididos a quedarnos».