Corte Penal: La ex fiscal de Maduro le denuncia por 8.000 asesinatos

Luisa Ortega, la que fuera una de las funcionarias más poderosas del chavismo, acusa al Gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal de La Haya y culpa al presidente de practicar una «limpieza social» con 17.000 detenciones arbitrarias.

La bestia negra del chavismo, una oveja negra del régimen que decidió emprender su lucha en solitario, la ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz, sigue descargando munición, pero por capítulos. Tiene artillería pesada que prefiere ir manejando con cautela. Ortega denunció ayer al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan «de limpieza social» con la detención arbitraria de 17.000 personas. Tras las acusaciones por corrupción, éste es el ataque más directo contra el régimen. Una acusación que bien podría catalogarse como «genocidio selectivo».

«Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil», dijo Ortega a su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional, en La Haya. Entre las pruebas entregadas hay «reconocimientos médicos y psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas» a víctimas, además de autopsias, argumentó la ex fiscal en su comparecencia ante un grupo de medios internacionales.

Ortega explicó que ha existido «un ataque sistemático y generalizado contra la población civil» y que «funcionarios policiales y militares» asesinaron a 1.777 personas en 2015, a 4.667 en 2016 «bajo las mismas condiciones», y a 1.846 hasta el mes de junio de 2017. La ex fiscal incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual «fueron asesinadas 505 personas» y cuyos responsables habrían sido «grupos tácticos de combate». Todos esos crímenes se habrían cometido «bajo las órdenes del Ejecutivo» y amparados «en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social», indicó Ortega, quien utilizó dos veces el término «razia» para describir los supuestos delitos cometidos.

Ortega afirmó que «la militarización de la seguridad ciudadana» tuvo como consecuencia que se permitiera «el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela». «Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad», dijo Ortega, que fue fiscal de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017.

Además de implicar a Maduro, la ex fiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

Ortega, que también mantuvo ayer una reunión con una comisión de política exterior del Parlamento holandés, dijo que «Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela». La ex fiscal añadió que también ha pedido a la Corte «órdenes de capturas internacionales» contra los denunciados.

Según pudo saber LA RAZÓN de fuentes cercanas a la ex fiscal, Ortega Díaz se encuentra en la actualidad en unas oficinas cercanas al palacio de Nariño en Bogotá, con una escolta compuesta por más de una docena de hombres. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la abría concedido asilo político, aunque como ella mismo confirmó, no piensa solicitar tal estatus de manera oficial, para no incurrir en delito alguno.

Este diario confirmó también que junto a ella trabaja un grupo de fiscales «fieles e intocables», muchos de ellos mujeres. Otro de los equipos se habría establecido en Ecuador bajo el auspicio del Gobierno de Lenin Moreno, enfrentado abiertamente al ex presidente Rafael Correa. Este equipo de investigación, financiado en parte por la Administración de Estados Unidos, tiene la función ir presentando pruebas capaces de abrir procedimientos contra los gerifaltes chavistas, por corrupción y narcotráfico. Procesos comprobados capaces de abrir las líneas rojas de Interpol, y de poner contra las cuerdas a pesos pesados dentro del Palacio de Miraflores, como Maduro o Diosdado Cabello, número dos del chavismo, acusado de liderar el cártel de los Soles.