Venezuela

Diputados chavistas estallan contra Maduro

Por primera vez dos miembros del PSUV muestran en público su rechazo a la Constituyente y se suman a la fiscal Ortega, enfrentada al presidente.

El presidente Nicolás Maduro, en un encuentro con trabajadores de una hidroeléctrica en Caruachi
El presidente Nicolás Maduro, en un encuentro con trabajadores de una hidroeléctrica en Caruachilarazon

Por primera vez dos miembros del PSUV muestran en público su rechazo a la Constituyente y se suman a la fiscal Ortega, enfrentada al presidente.

Dos diputados pertenecientes al chavismo se pronunciaron ayer en contra de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por Nicolás Maduro y dieron su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, enfrentada al Gobierno. Es una prueba más de que la grieta dentro «del Imperio rojo» se agranda. Germán Ferrer, diputado por el oficialista Partido Único Socialista de Venezuela (PSUV), señaló que la propuesta de Maduro de reformar la Constitución «estaría llevando al país a un estado autocrático que lesiona los derechos humanos», según apuntó. Se trata de la primera vez que alguien se muestra crítico con el Gobierno dentro del PSUV. «Nosotros, como movimiento chavista, exigimos que se convoque al pueblo e invitamos a que se haga a propósito de restituir la Constitución y rechazar la Constituyente», añadió.

Ferrer también se refirió al pronunciamiento que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hará sobre la fiscal general, quien ha intentado establecer la nulidad de la Constituyente, en el marco de lo que calificó de «juicio que rompe con toda legalidad». «Rechazamos esto por ser ilegal y desventajoso. Se está lastimando la institucionalidad en Venezuela», agregó el diputado, quien es, asimismo, esposo de la fiscal.

Mientras, el también chavista Eustoquio Contreras destacó su coincidencia con la oposición «estrictamente en el rechazo» a la Constituyente, al tiempo que llamó a los partidarios chavistas a ser críticos con las decisiones del Poder Ejecutivo. En la conferencia de prensa además estuvieron presentes otros chavistas, como la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez y el politólogo Nicmer Evans, que se proponen defender la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido Hugo Chávez, y que está siendo amenazada por Maduro.

Por otro lado, ayer, el presidente venezolano dio el pistoletazo de salida de la campaña para la Asamblea Constituyente, que se extenderá hasta el 27 de julio, tres días antes de que se celebren las elecciones, de acuerdo a las regulaciones anunciadas por el Consejo Nacional Electoral. Maduro ha defendido esta convocatoria del proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna como una forma de «lograr la paz». Sin embargo, no ha hecho sino escalar la violencia en las calles y profundizar la división social. «Debe haber un solo comando de campaña que es el comando de campaña de la revolución, que no haya ningún tipo de privilegio distinto», dijo el líder chavista acompañado de un grupo de candidatos. El oficialista Diosdado Cabello criticó la consulta que promueve la oposición contra la elección de la Constituyente, y aseguró que el único camino institucional es el proceso que convocó el chavismo.

Mientras, en relación al proceso abierto en el Supremo contra la fiscal general (chavista), Luisa Ortega, aseguró ayer que no se puede usar a los políticos privados de libertad como «objeto de negociación» o como «rehenes», en relación a la concesión de la medida de casa por cárcel al dirigente opositor Leopoldo López. «No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para tratar de legitimarse y mejorar su imagen», afirmó. Las declaraciones de la funcionaria fueron difundidas horas después de que el presidente dijera que, precisamente, la fiscal general fue quien «solicitó 30 años de cárcel» para López en el juicio en su contra. Un nuevo intento de desprestigiar a Ortega, que se ha convertido en una de las figuras más incómodas del chavismo.

«Paradójicamente, ahora pretenden usar ese caso como parte de la campaña contra el Ministerio Público, la cual es una institución independiente, donde cada fiscal lleva sus casos de manera autónoma según sus criterios que deben obedecer a hechos concretos que deben ser encuadrados a la estricta legalidad», dijo la fiscal general en una entrevista a un medio chileno.