Dos años del referéndum del Bréxit y la herida sigue abierta entre los británicos

Si Reino Unido tuviera que votar de nuevo sobre su relación con la UE, el 53% del electorado apostaría por la permanencia en el bloque y el 47% se decantaría por el divorcio

Si Reino Unido tuviera que votar de nuevo sobre su relación con la UE, el 53% del electorado apostaría por la permanencia en el bloque y el 47% se decantaría por el divorcio, según el último sondeo de ITV. Se cumplen dos años del histórico referéndum del Brexit. Los británicos suelen ser personas prácticas. Una vez toman una decisión acarrean con las consecuencias. Y, sin embargo, desde que se celebró el plebiscito no hay día en el que la prensa no publique un nuevo sondeo sobre una cuestión que para muchos sigue sin estar zanjada.

«Los parlamentarios de todas las formaciones corren el riesgo de estar dos años desactualizados. Es el momento de escuchar la voluntad de la gente. En todo el país, las dudas sobre el Brexit significan que las personas han comenzado a cambiar de opinión. Los políticos no deben ignorarlo. El electorado jamás se lo perdonaría», dice Eloise Todd, directora ejecutiva de Best for Britain.

El grupo pro UE ha participado hoy en la marcha convocada por People’s Vote, donde miles de personas se concentraron a las puertas de Westminster para pedir un nuevo plebiscito. «Lo más importante es que esto no sea solamente decidido por 650 políticos. El Brexit es tan importante que debería incliur a los 65 millones de habitantes del país, y por eso estamos en la calle, por una votación popular», indica James McGrory, miembro de People´s Vote.

La premier Theresa May se encuentra en la recta final de negociaciones con Bruselas. Según el calendario oficial, el Reino Unido abandonará definitivamente el bloque el 29 de marzo de 2019. Antes de firmar los papeles de divorcio, la líder tory debe presentar el acuerdo a Westminster, pero el lobby pro UE quiere que sea el electorado y no los parlamentarios quien tengan la última palabra sobre el futuro del país.

“No se trata de plantear un referéndum sobre la misma cuestión, sino dar a la gente la posibilidad de que vote entre la opción de salir con los términos que ha negociado el Gobierno o quedarse en la UE con los términos actuales. Eso sería verdaderamente lo democrático”, apunta Todd.

Lo cierto es que la votación sobre el acuerdo final es ahora la cuestión clave en la tramitación del proyecto de ley de salida de la UE que estos días se debate en Westminster. La premier, que se quedó sin mayoría absoluta en las elecciones generales de 2017, está teniendo tremendas dificultades para sacar adelante la normativa con la que se quiere dar efecto legal al Brexit y transferir las regulaciones europeas al estatuto británico para garantizar que no haya vacío legal cuando el país abandone el bloque.

Aunque, más que la falta de escaños para gobernar con libertad, es la guerra civil que viven sus propias filas la que le ponen continuamente contra las cuerdas. Hasta la fecha, May no hace otra cosa que dar concesiones, por un lado a los tories “Brexiteers”, y por otro a los “remainers”, para evitar cualquier rebelión que ponga en peligro su cargo. Pero en algún momento deberá poner las cartas sobre la mesa de definir qué tipo de Brexit busca su Gabinete, incapaz aún en consensuar si quiere seguir teniendo vínculos estrechos con el bloque o quiere romper por completo los lazos.

De momento, May tan sólo pretende ir ganando tiempo. Esta semana, volvió a salvarse “in extremis” de una revuelta de los tories pro UE, durante la tramitación del polémico proyecto de ley del Brexit. Como ya viene siendo habitual, en el último minuto -literalmente- el Ejecutivo se comprometió a otorgar a los diputados la posibilidad de pronunciarse sobre sus planes en caso de que para el 21 de enero de 2019 no se hayan pactado todavía los términos de la salida.

Si se llega a ese escenario, el Gobierno prevé presentar ante los Comunes y los Lores una moción “neutral” sobre sus propósitos. En un principio, May pretendía que los ministros tan sólo informaran de la situación. Pero, presionada por los tories eurófilos, se vio obligada a anunciar que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, tendrá la capacidad de dictaminar si se pueden presentar enmiendas a esa declaración.

Ese matiz es clave para los rebeldes pro UE, ya que abre la puerta a que, en caso de que no haya acuerdo, se vote una enmienda que obligue al Gobierno a regresar a la mesa de negociaciones o en última instancia, si las cosas se complicaran demasiado, a celebrar elecciones generales o el segundo plebiscito que persigue el lobby pro UE.

May recalca que se cumplirá la voluntad que el pueblo expresó en la urnas en 2016 y que habrá Brexit “sí o sí”. En este sentido, una de las cuestiones más complejas que se presentaba en las negociaciones con Bruselas era la de garantizar los derechos de los más de 3 millones de comunitarios que actual viven en el Reino Unido, entre ellos alrededor de 200.000 españoles.

El Gobierno de May prometió que se regularía su situación con un proceso “tan fácil como renovar el carnet de conducir”. Y esta semana cumplió su palabra al presentar el programa con el que los europeos que lleven viviendo en suelo británico cinco años podrán solicitar el permiso de residencia permanente. Aquellos que lleguen antes del 31 de diciembre de 2020 -cuando finalice el periodo de transición que existirá tras el divorcio- también podrán quedarse en el país y solicitar el permiso cuando lleven un lustro.

Todo será on line y tan sólo habrá que aportar tres datos: una prueba de identidad, una de residencia (que podría ser desde un contrato de alquiler o una factura de móvil) y una confirmación de que no existen antecedentes penales graves. Las solicitudes costarán 65 libras para adultos (alrededor de 74 euros) y 32.50 libras para niños (alrededor de 37 euros). Y si todo está correcto, en un plazo de dos o tres semanas llegará el “estatus de asentado” con el serán tratados “como si fueran ciudadanos británicos” en cuanto a asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales y pensiones. Eso sí, no podrán votar en elecciones generales.

Con todo, aún queda por resolver otro gran dilema: ¿qué va a pasar con la frontera de Irlanda? Se trata de la única separación física que quedará tras el Brexit entre Reino Unido y el bloque. Ni Londres ni Bruselas quieren implantar una “frontera dura” que ponga en peligro el acuerdo de paz de 1998. Pero la promesa de May de sacar al país del mercado único y la unión aduanera deja poco margen de maniobra. Y por si fuera poco, los unionistas norirlandeses del DUP -sin cuyo apoyo May no podría gobernar en minoría- amenazan con retirarle el respaldo si deja a la provincia de Irlanda del Norte en una situación distinta a la del resto del país.

Esta cuestión será una de las protagonistas en la cumbre europea que se celebrará a finales de junio. En su visita a Dublín esta semana, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya advertía que cualquier acuerdo de salida debe incluir una solución para la frontera norirlandesa tras el Brexit. “El futuro de la frontera no “es un asunto bilateral” entre Irlanda y el Reino Unido, sino entre toda la UE y el Gobierno de May”, matizó.