El Congreso de EE UU declara la «guerra» a Arabia Saudí

El veto a la ley del 11-S amenaza las inversiones de Riad y expone a militares y diplomáticos estadounidenses a tribunales de otros países.

El veto a la ley del 11-S amenaza las inversiones de Riad y expone a militares y diplomáticos estadounidenses a tribunales de otros países.

La anulación por parte del Congreso del veto del presidente Barack Obama a la ley que permite a los familiares de las víctimas del 11-S demandar a Arabia Saudí, por su posible relación con operaciones terroristas, sienta una serie de peligrosos precedentes contra los diplomáticos y militares estadounidenses en el exterior. Sobre todo porque la iniciativa, aprobada por las dos cámaras del Congreso a principios de año y vetada por Obama el pasado viernes, permite a jueces de Estados Unidos en casos de terrorismo obviar el principio de «inmunidad soberana», por el que un país está exento de responder a demandas interpuestas en los tribunales de una nación extranjera.

El senador republicano John Cornyn admitió que «anular un veto presidencial es algo que no se hace a la ligera. Pero era importante que en este caso las familias de las víctimas del 11-S puedan buscar justicia. Incluso si eso provoca algunas incomodidades diplomáticas».

La ley complica la relación de Estados Unidos con Arabia Saudí, que ha amenazado con retirar los activos financierons por valor de 750.000 millones de dólares que tiene en EE UU, hace más vulnerables a los funcionarios del Gobierno estadounidense, profesionales del sector privado y las propias corporaciones que trabajan en el exterior. Expertos norteamericanos temen también que Arabia Saudí corte la cooperación militar y de inteligencia que mantiene con EE UU para luchar contra el Estado Islámico.

Entre los 19 terroristas que perpetraron los atentados, 15 eran ciudadanos saudíes, lo que ha alimentado durante años las especulaciones sobre un supuesto apoyo de Arabia Saudí al terrorismo internacional y a Al Qaeda. De hecho, una mayoría de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, consideran que hay pruebas de que Arabia Saudí está implicada en la red de financiación de los atentados del 11-S, en los que murieron cerca de 3.000 personas, y que, por tanto, las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra Riad. Frente a ello, la Casa Blanca argumenta que esta legislación pone en peligro las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí y sienta un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en cortes extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses. Obama calificó de «error» y «peligroso precedente» la decisión del Congreso.

Riad ha negado siempre las sospechas de sus relaciones con los terroristas del 11-S. A esta decisión se une la resolución del Senado para restringir las ventas de armas al país hasta que frene los ataques contra civiles en Yemen, un conflicto hasta ahora bastante ignorado por la Cámara.