El Constitucional luso vuelve a invalidar ajustes del Gobierno y la troika

El Tribunal Constitucional portugués volvió hoy a invalidar ajustes introducidos por el Gobierno a instancias de la troika, en este caso recogidos en su reforma laboral, considerada uno de sus principales logros desde su llegada al poder.

Dos disposiciones que facilitaban el despido fueron tumbadas por la máxima instancia judicial del país, que anuló igualmente otros artículos que restringían algunos de los beneficios para los trabajadores acordados en el marco de la negociación colectiva.

Por tercera vez en seis meses, el Constitucional echó por tierra medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo conservador luso para cumplir con el programa de ajustes pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su rescate.

Las sentencias del tribunal han deteriorado las relaciones con el Gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho, cuyos miembros han criticado la labor de los jueces por considerar que ponen trabas a las reformas económicas que precisa el país.

El pasado mes de abril, el Constitucional anuló la supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas y los recortes en el subsidio por desempleo y enfermedad que incluían los Presupuestos de 2013, lo que obligó al Ejecutivo a adoptar medidas alternativas por valor de 1.300 millones de euros.

En agosto, los mismos jueces cancelaron la normativa del Gobierno que creaba un nuevo régimen de "movilidad especial"para trabajadores públicos, cuya aplicación pretendía facilitar la salida de funcionarios que se encuentran a la espera de ser colocados.

Ya antes, en julio de 2012, el tribunal había tumbado una serie de recortes a funcionarios y pensionistas incluidos en los presupuestos de ese año.

En esta ocasión, el Constitucional fundamentó su fallo en que la legislación laboral que regula los despidos "por causa justa"es ahora demasiado "vaga e indeterminada"y no detalla "qué criterios deben presidir la decisión de la compañía a la hora de seleccionar el puesto de trabajo a extinguir".

"La norma cuestionada abre la puerta a despidos arbitrarios o judicialmente incontrolables", alerta la sentencia.

La noticia fue recibida con sorpresa por el Gobierno portugués, mientras que la oposición de izquierda y los sindicatos consideraron el fallo una "tarjeta roja"a las políticas de austeridad.

La solicitud de un dictamen sobre la última reforma laboral llegó al Constitucional en julio de 2012, aunque no ha sido hasta catorce meses después -no existía un plazo límite- cuando los jueces han hecho público su veredicto.

El ministro luso de la Presidencia y Asuntos Parlamentarios, Luís Marques Guedes, reveló hoy que el Ejecutivo no fue informado del fallo previamente a su publicación y el titular de Economía, António Pires de Lima, recordó la importancia de una reforma laboral "muy valorada por la troika y los inversores"

Desde la patronal, diferentes líderes empresariales recordaron que dicha reforma fue consensuada en concertación social con el sindicato UGT -el segundo mayor del país- y advirtieron de que los artículos anulados deberán ser "compensados".

En opinión del principal partido de la oposición, el Socialista, el fallo del tribunal proporciona "más protección"a los trabajadores y censura el intento de "desregulación laboral"del Gobierno y la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI).

Comunistas, marxistas y ecologistas, quienes solicitaron precisamente la opinión del Constitucional, mostraron su satisfacción e interpretaron que la sentencia pone en entredicho la continuidad del Ejecutivo conservador.

Por su parte, los responsables del principal sindicato luso, el comunista CGTP, exigieron la readmisión de los trabajadores despedidos a través de la normativa anulada hoy.

La decisión judicial se conoce cuando Portugal se dispone a volver a las urnas con motivo de las elecciones municipales del 29 de septiembre y mientras la troika se encuentra en Lisboa para evaluar el cumplimiento del programa de ajustes pactado como contrapartida por su ayuda financiera.

El fallo no provocó ninguna reacción en los mercados y la deuda lusa a diez años se mantiene ligeramente por encima del 7 % de interés.