El destripador de la City

El referéndum de Cameron ha herido de muerte al distrito financiero de Londres. Ciudades como Dublín, Fráncfort o París toman ya posiciones para reemplazarla como centro neurálgico del capital de la Unión Europea

El resultado final del referéndum convocado por David Cameron sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea amenaza la importancia de la City de Londres como destino de inversión directa de los flujos de capital del resto del mundo hacia la UE y concede importancia a la capacidad de otras economías europeas de atraer inversores. Ello también dependerá de las medidas compensatorias que pudiera adoptar Reino Unido, por ejemplo, reduciendo la regulación y la tributación, si el abordaje de la cuestión fuera competir con la UE para defender su actual posición; o alternativamente, mediante la consecución de acuerdos privilegiados con la Unión si el planteamiento fuera de cooperación y negociación de una nueva relación en la que todo cambiara para que no cambie nada. De otro lado, los bancos de la UE con exposición a Reino Unido podrían enfrentarse a riesgos de contagio mediante un incremento de la ratio de morosidad y menores contribuciones a sus cuentas de resultados de las operaciones con Reino Unido. En un escenario de corrección extrema del PIB, también podría ser necesario transferir capital a entidades británicas.

No cabe duda de que ambas situaciones ponen las condiciones para que, a largo plazo, otras capitales financieras de la UE como Fráncfort, París o Dublín pudieran intentar competir con Londres, sobre todo si Reino Unido ya no puede emitir un pasaporte que ofrezca a las entidades financieras de terceros países acceso automático a la UE. Recordemos que la mayoría de las directivas y reglamentos que regulan los servicios financieros y que actualmente permiten la libre circulación de capitales y prestación de servicios financieros en la Unión tienen como fundamento jurídico los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

El pastel en juego representa el 8% de la renta nacional británica, prácticamente una cuarta parte de los servicios financieros de toda la Unión y el 40% de las exportaciones de servicios financieros de toda la UE.

El actual sistema de pasaporte permite a las entidades financieras radicadas en la City operar en el resto de socios europeos sin mayor dificultad o barrera que un mero trámite de información a las autoridades británicas. Y eso ya no será posible cuando Reino Unido ejecute el Brexit, momento a partir del cual las firmas de inversión radicadas en la City perderán su pasaporte y quedarán sujetas a las mismas restricciones y controles que cualquier otra empresa de un tercer país. El Brexit y la pérdida del pasaporte europeo representan una amenaza directa para el futuro de Londres como un centro para los servicios financieros del continente. Una situación que se aplica igualmente a entidades no europeas (Estados Unidos, Japón...) con sede en Londres y que ya estudian trasladar su centro de negocios a otras capitales dentro de la zona euro. No es de extrañar que solamente unas horas después de conocerse el resultado ya circulaban rumores sobre los planes de Morgan Stanley para deslocalizar 2.000 de sus empleados y ya se barajan alternativas para reubicar algunas instituciones como la Autoridad Bancaria Europea, que deberá abandonar Londres. Una oportunidad a la que, por cierto, Madrid o Barcelona debieran postularse y a la que nuestros líderes políticos deberían prestar atención.

La realidad es que mantener la estructura y operativa actual entrañaría mayores costes, supervisión, exigencias nacionales, capitalización diferenciada, restricciones de liquidez... En definitiva, más dificultades que simplemente trasladar la sede. Por no hablar de los trabajadores transfronterizos, que daría para un análisis propio. Es cierto, no obstante, que el Tratado de la Unión contempla un plazo de dos años para negociar el acuerdo de separación una vez invocado el artículo (la cuenta atrás todavía no ha comenzado, lo que ocurrirá cuando el Gobierno británico notifique formalmente al resto de socios su voluntad de abandonar la UE) y que dicho periodo de tiempo que puede prorrogarse por unanimidad. Queda la duda sobre la necesidad de que Reino Unido tenga que negociar los términos de su salida primero y tener la condición de tercer país antes de alcanzar un acuerdo sobre una nueva relación con la UE o si ambos procesos puedan llevarse a cabo de modo paralelo.

Sólo si Reino Unido entrara en el Área Económica Europea, de la que forman parte Islandia, Noruega y Liechtenstein, podría mantener su ventaja financiera, pero ello supondría aceptar y aplicar directamente todas las normas de la UE. También implicaría pagar a la UE por el acceso al mercado e implantar la libre circulación de capital, bienes, servicios y personas en los términos exigidos por la Unión. Alternativamente podrían negociarse acuerdos con la Unión (es el caso de Suiza). Pero este proceso sería largo y costoso, más de dos años en todo caso.

Paradójicamente, para conservar el statu quo actual de la City, Reino Unido debería someterse a las normas de la Unión sin voto ni capacidad de influencia en el proceso legislativo del que presuntamente pretende liberarse, y sin el actual poder de influencia que tan rentablemente han venido ejerciendo los últimos años.