El impago de la deuda cerca a Maduro

Standard & Poor’s declara en «default» la deuda soberana en divisas de Venezuela tras incumplir el pago de los intereses. Caracas negocia con los acreedores.

Se ciernen negros nubarrones sobre Venezuela con buitres sobrevolando el horizonte en busca de carroña. Con Venezuela quebrada, el Gobierno está dispuesto a pactar con el diablo a cambio de tiempo. PDVSA, la petrolera estatal, está hipotecada, los venezolanos hambrientos y el territorio en venta. Pero el régimen aguanta. Más allá de falsas promesas, los datos hablan por sí solos. Venezuela ha dejado de pagar una deuda de más de 260 millones de dólares a Brasil, por lo que el Ejecutivo de Michel Temer llevará el caso al Club de París. El mandatario busca resolver la situación con la ayuda del organismo europeo.

Además, la agencia de calificación Standard & Poor’s declaró al país en «default selectivo» y anunció que la decisión se justifica por el hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. S&P cree que hay un 50% de posibilidades de que Venezuela «pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses».

Según el Gobierno venezolano, el domingo se celebró una reunión con los tenedores de bonos para iniciar la renegociación de unos 60.000 millones de dólares de deuda externa soberana y de la estatal petrolera PDVSA. Según dijo el presidente Nicolás Maduro, 441 acreedores nacionales, de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo –que supondrían el 91% de los tenedores de deuda venezolana– habían confirmado su asistencia a la reunión. El Gobierno dijo en un comunicado que la reunión fue un éxito, pero la oposición denunció que los convocados no acudieron. Más allá de conjeturas, lo cierto es que no se llegó a ningún acuerdo concreto.

De hecho, fuentes financieras aseguraron que Miraflores había prometido a los inversores que el vicepresidente, Tareck El Aissami, y otros funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarían en las conversaciones sobre la deuda. Si bien los acreedores norteamericanos no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos, sí está prohibido cualquier acuerdo con personas que estén sancionadas.

Los inversores han estado preocupados desde que Maduro hizo la semana pasada un confuso anuncio de reestructuración de deuda, aunque dijo que seguiría pagando sus obligaciones. PDVSA (la petrolera estatal) abonó, con retraso, el capital por unos 1.120 millones de dólares del bono de 2017. Los analistas tienen dudas sobre la renegociación de la deuda en vista de que no hay señales de que el Gobierno bolivariano esté buscando salidas a una profunda crisis económica y a una inflación de tres dígitos.

Los más de 1.000 millones de dólares en bonos habían caído a un mínimo histórico de 23 centavos por dólar, lo que muestra que los inversionistas las percibían como las notas más delicadas que vencen el próximo año, en una de las naciones más inestables del mundo. Algunos operadores ya han empezado a sospechar que el bono podría ser un candidato para un incumplimiento selectivo. «Esto abriría las puertas a los fondos buitres. Los tenedores de bonos pueden argumentar que Corpoelec –empresa eléctrica estatal– y la petrolera PDVSA son la misma empresa y pedir el embargo de bienes de esta última. Aunque se espera una larga batalla legal, algunos bonistas están deseando que el Gobierno incumpla «y de esta manera poder meter sus manos en el gigante petrolero», afirma a LA RAZÓN Ricardo Ventosillo, economista de la Universidad venezolana Andrés Bello. «Por ahora el país aguanta, pero podría entrar en las próximas semanas en ‘default’ selectivo. Significa que el país no está cumpliendo con una parte de la deuda. Es decir que, pese a tener diferentes acreedores, Venezuela le debe a algunos en particular, y no a todos. Eso abriría las puertas a los acreedores más voraces que viven de los países en quiebra», agrega.

Algo parecido ocurrió en Argentina el 31 de junio de 2014, cuando el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, decidió no pagar un bono. En ese momento, en medio de una negociación estancada entre Argentina y los «holdouts», el juez estadounidense Thomas Griesa bloqueó los fondos argentinos depositados en el Bank of New York, y no pudo pagar una deuda con los bonistas reestructurados, entrando así en «default selectivo», también conocido como «defaul técnico».