Internacional

Radiografía de un “impeachment"

El juicio político contra el republicano Donald Trump promete polarizar la campaña para las presidenciales de 2020, un año en el que aspira a la reelección.

El juicio político contra el republicano promete polarizar la campaña para las presidenciales de 2020, un año en el que aspira a la reelección.

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Nació en Orange, California, fue capitán del 7º de Caballería, congresista por Kansas, baluarte del Tea Party, director de CIA y ahora, en calidad de secretario de Estado, Mike Pompeo tendrá que comparecer ante tres comités del Congreso que lo reclaman para entregar de paso varios documentos decisivos. Su aparición, si se produce, será una de las más sonadas en un proceso de «impeachment» que puede durar entre cuatro y seis meses. Otros, como Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, y hoy abogado particular de Trump, avisa que no piensa comparecer sin la aprobación previa de su jefe.

Desde luego a Pompeo los congresistas demócratas le han dejado claro que «los documentos incluidos en esta orden son parte de la investigación del impeachment y si falla o se niega a cooperar, sería considerado como evidencia de obstrucción a las pesquisas del Congreso».

Los próximos días veremos a culpables, santos e inocentes, desfilar delante de sus señorías. A los miembros de varios comités les han pedido que no abandonen Washington, por más que el lunes y el martes sea festivo en las escuelas, que celebran el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. La intención de sus señorías es que la fase inicial de la investigación haya concluido para el Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre en EE UU. Para entonces, los 222 congresistas demócratas que, de momento, apoyan el «impeachment», y está por ver si no surgirá algún republicano en rebeldía, podrán votar la destitución del presidente. El caso quedará listo para saltar al Senado, donde la Casa Blanca cuenta con una sólida mayoría republicana que evitará cualquier catástrofe. Si la historia enseña algo, el «impeachment» morirá a las puertas de la Cámara Alta.

Es normal que en estos días, todos los analistas hayan recordado el caso de Richard Nixon, que en 1972 fue obligado por el Tribunal Supremo a entregar las pruebas que confirmaron el «Watergate». Afrontaba un proceso de destitución por abuso de poder, desprecio al Congreso y obstrucción de la justicia, pero dimitió en 1974, antes de que el Congreso activase el botón rojo. Sabía que a esas alturas, sus apoyos en el legislativo eran casi nulos y que estaba destinado a caer sin honor. Todo lo contrario que Bill Clinton, acusado de obstrucción a la justicia y perjurio por el caso de Monica Lewinsky.

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A diferencia de Nixon, el ex gobernador de Arkansas sí fue sujeto a «impeachment»... pero todo acabó en el Senado, donde sus perseguidores, apoyados en el informe del fiscal Kenneth Starr, carecían de la mayoría suficiente. Había sucedido lo mismo en 1868, cuando el entonces presidente Andrew Jackson afrontó un proceso de destitución, pero su caso terminó en la Cámara Alta.

La Constitución articula con claridad los escenarios para la salida anticipada de un presidente. Está el «impeachment», donde resulta necesario que el hombre del Despacho Oval haya cometido alta traición, haya sobornado a alguien o haya incurrido en otros delitos igualmente graves. En el caso de Trump, los demócratas sostienen que su llamada telefónica al presidente de Ucrania, Zelensky, es motivo suficiente para que el Congreso, por mayoría simple en el Cámara de Representantes, y después dos tercios del Senado, voten sustituirlo por el vicepresidente, Mike Pence.

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Hasta que el calendario electoral traiga las elecciones de 2020, que no pueden adelantarse y están fijadas para el primer martes después del primer lunes de noviembre, cuatro años después de los comicios presidenciales de 2026. La otra vía es la de la Vigésimo Quinta Enmienda, cuando el vicepresidente asume el poder después de que una mayoría de los altos cargos del ejecutivo transmitan a los presidentes de las dos Cámaras que el presidente de los EE UU sufre algún tipo de locura o demencia. Pero ese camino permanece sellado, y el del «impeachment» se antoja muy incierto. Por más que del contenido de la llamada se deduzca con facilidad que Trump, como trataba de presionar a un país aliado para que investigara a un rival político mientras aprovechaba para dar pábulo a teorías conspirativas.

La demócrata Nancy Pelosi, que ya fue presidenta del Congreso entre 2007 y 2011, resistió durante meses las tentaciones del «impeachment». Temía procurar a Trump el combustible que mejor maneja, la balada victimista, la pose sacrificial, la canción del «outsider» perseguido por los cuatreros de la oposición.

Pero los críticos en el Partido Demócrata ganaron su mano, pisaron el acelerador del proceso y una llamada enloquecida, con el presidente reeditando la doctrina Monroe y los ucranianos en el papel de suaves mayordomos a las órdenes del señorito, abrió las compuertas del caos. Pelosi, hija de un ex alcalde de Baltimore, Thomas D’Alesandro Jr., y hermana de otro alcalde de la ciudad, Thomas D’Alesandro III, demócrata de la vieja escuela, lidiará con la posibilidad de que Trump reedite el via crucis de Nixon o acabe por coronarse en 2020.

Hillary Clinton, que peleó y perdió la Casa Blanca en 2016, no tiene dudas: «El presidente de los Estados Unidos ha traicionado a nuestro país. Esto no es una declaración política, es la dura realidad, y debemos actuar. Es un peligro claro y evidente para las cosas que nos hacen fuertes y nos mantienen libres. Apoyo el impeachment». Tampoco parpadea Joe Biden, convencido de que «el presidente Trump está tratando de secuestrar estas elecciones. Este no es un problema demócrata o republicano. Este es un problema nacional. Creo que nuestras elecciones deberían ser decididas por el pueblo estadounidense, no por los gobiernos extranjeros».

Para Biden, estamos ante un «abuso de poder que viola todas las normas básicas de la presidencia», pero cuando añade que «no podemos darle cuatro años más en la Casa Blanca» parece alejarse del martillo automático del «impeachment» y los comités y los investigadores. Biden, que el 5 de enero de 1973 juró por vez primera como senador en la habitación de un hospital –donde sus dos hijos, Beau y Hunter, permanecían ingresados después del accidente de tráfico que le costó la vida a su esposa Neilia, y a Naomi, la hija pequeña del matrimonio–, quiere hacer las cosas a su manera. Desconfía profundamente del «impeachment».

Biden preferiría batir a Trump en las urnas. Además, la investigación puede salpicarle. Incluso aunque no haya presionado a nadie en Ucrania para que no investigara a su hijo, por más que la propia fiscalía ucraniana asegure que nunca encontró indicios de corrupción en las acciones de Hunter como consejero de la gasística Burima, no le será fácil explicar qué hacía Hunter colocado en la empresa de un ministro de Ucrania.

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En un artículo imprescindible de Adam Entous para el «New Yorker», el periodista escribió que «varios ex funcionarios de la Administración de Obama y del Departamento de Estado insistieron en que el papel de Hunter en Burisma no tuvo ningún efecto en las políticas de su padre en Ucrania». Al mismo tiempo, insistieron en que «Hunter no debería haberse incorporado al consejo de la empresa». Un importante ex asesor de la Casa Blanca le comentó: «Hunter debería haber reconocido que algunos de sus socios comerciales extranjeros querían trabajar con él para alardear de su conexión con Biden».

«¿Te imaginas», respondía ayer el propio Trump en Twitter, «si estos salvajes demócratas que no logran nada, personas como Nadler, Schiff, AOC Plus 3 [acrónimo que engloba a las políticas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar, acuñado por la presentadora de Fox News, Laura Ingraham] y muchos más, tuvieran un Partido Republicano que le hubiera hecho a Obama lo que me están haciendo a mí? ¡Oh bien, tal vez la próxima vez!». «¡Acoso presidencial!».