Estados Unidos
EE UU impone sanciones al vicepresidente de Venezuela por narcotráfico
Washington le confisca sus propiedades en suelo americano y le prohíbe viajar al país
La Administración de Trump sancionó ayer al todopoderoso vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, investigado durante años por las autoridades estadounidenses por su supuesta participación en tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Administración de Trump sancionó ayer al todopoderoso vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, investigado durante años por las autoridades estadounidenses por su supuesta participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Concretamente, designó a El Aissami y a otro venezolano, Samark José López Bello, como narcotraficantes, lo que anula sus visas, les confisca propiedades en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos.
El Aissami es el funcionario venezolano de más alto rango en ser blanco de sanciones estadounidenses. El vicepresidente ha negado sistemáticamente todas las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, sin embargo investigaciones de la DEA, la Agencia Antidroga norteamericana, le señalan como uno de los hombres fuertes dentro del cártel de los Soles, formado por militares y comandado por otro de los hombres fuertes del chavismo, Diosdado Cabello.
Un político temido
Las sanciones constituyen una medida extraordinaria en contra del segundo al mando de un Gobierno extranjero y seguramente conducirán a un mayor deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien nombró a El Aissami vicepresidente el 4 de enero en medio de una crisis económica y humanitaria cada vez más profunda. Además, el líder bolivariano le traspasó múltiples atribuciones que históricamente pertenecían a la presidencia. Se puede hablar de una transición silenciosa.
El Aissami, hijo de inmigrantes sirios y libaneses, ha sido durante mucho tiempo uno de los políticos más controvertidos y temidos de Venezuela. En poco más de una década, el político, de 42 años, pasó de ser un líder estudiantil en una zona rural de Venezuela, a ministro del Interior, y luego gobernador del Estado de Aragua.
«El Libanes» debe por ley sustituir al presidente en caso de que avance un proceso de referéndum revocatorio en 2017, que fue suspendido en 2016 por el poder electoral, al que la oposición acusa de servir al chavismo. Considerado como uno de los «halcones chavistas», El Aissami es para muchos analistas quien maneja el poder en la sombra.
En 2016, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que extiende hasta 2019 las sanciones aplicadas por Washington a funcionarios del Gobierno de Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos y declaró una situación de «emergencia nacional», por el «riesgo extraordinario» que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos.
Horas antes, del anuncio, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que el Gobierno de EE UU prepara nuevas sanciones contra funcionarios ligados al Gobierno. «Maduro ha sido muy silencioso frente a la Administración nueva de los EE UU. Que el pueblo no crea que esta sanción es para Venezuela, es para un grupo de ‘enchufados’ que tienen propiedades y bienes en ese país», afirmó el líder opositor. Según Capriles, estos supuestos funcionarios próximos a ser sancionados están «plenamente identificados» por el Gobierno de Trump, aunque no adelantó ningún nombre. «Ellos son intocables ante la Justicia venezolana, pero la justicia internacional sí procede, después que no chillen», dijo.
Preocupación por la situación humanitaria
Donald Trump expresó su preocupación sobre la situación que atraviesa Venezuela a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
Además de conversar sobre las relaciones bilaterales, ambos
líderes se refirieron a lo que ocurre en Venezuela. Trump indicó que se encuentra preocupado sobre cómo se están desarrollando las cosas, especialmente la situación humanitaria.
También hubo una discusión sobre la necesidad de promover la democracia en el hemisferio occidental del continente.
Con respecto a la relación entre Venezuela y Perú, los presidentes estuvieron de acuerdo en la construcción de los cimientos para una economía fuerte.
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