El uribismo boicotea ya el acuerdo de paz

Pide elecciones anticipadas antes de que el Congreso refrende el pacto con las FARC y amenaza con movilizar la calle

Por vía rápida y sin contar con el uribismo. Después de que el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaran que el nuevo acuerdo de paz se firmará hoy en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que los artículos del texto se refrendarán en el Congreso. El presidente consideró «fundamental» aplicar el pacto lo más rápido posible y sostuvo que su deber «con las víctimas y con todos los colombianos» es terminar «con el conflicto armado».

Ayer, altos representantes del Gobierno se reunieron con todos los partidos políticos para explicarles cómo se va a refrendar el polémico acuerdo de paz. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que, tras firmar hoy el texto con la narcoguerrilla, se presentará inmediatamente la proposición en el Senado de la República y la Cámara de Representantes para que entre el martes y el miércoles de la próxima semana se refrende el texto en ambas plenarias. «En estos debates de control político, tanto en la Cámara como en el Senado, participarán todos los sectores políticos y están invitados los líderes del ‘sí’ y los del ‘no’. La refrendación no es una obligación del Gobierno, es simplemente una decisión política», aclaró Lizcano.

La decisión de ratificar el acuerdo con una mera votación en el Congreso tiene a los defensores del «no» en máxima alerta y subyace la amenaza de que se echarán a la calle con movilizaciones ciudadanas con el fin de manifestarse en contra.

Además, existen ciertas dudas sobre la legitimidad de este trámite parlamentario. La Corte Constitucional estudia actualmente cinco demandas contra el establecimiento de un mecanismo abreviado para el trámite de las leyes de la paz en el Congreso. Ese mecanismo, conocido como «fast track», permitiría que las leyes y reformas salieran en la mitad del tiempo durante el próximo año.

Una vez que sea refrendado, se iniciará el trámite para su implementación mediante el desarrollo de varias leyes para que unos 7.000 combatientes de las FARC dejen las armas y conformen un partido político después de 52 años de una violenta confrontación que ha dejado unos 220.000 muertos y millones de desplazados. Es urgente, por ejemplo, tramitar la reforma constitucional para crear la Jurisdicción Especial para la Paz, pues debe ponerse en marcha lo antes posible para que comience a llamar a los responsables de crímenes graves y a imponerles las sanciones. Por el trámite ordinario, esta reforma podría demorarse más de un año, y no hay que olvidar que en el 2017 el país estará ya en la precampaña para las elecciones de 2018 y que en estas circunstancias el Congreso suele funcionar a medio gas.

Un nuevo plebiscito o la votación del nuevo acuerdo de paz en los concejos municipales o asambleas departamentales eran las otras opciones que estuvieron sobre la mesa como mecanismos de refrendación, pero implicaban más tiempo. El oficialismo metió presión al uribismo argumentando que las FARC podrían retomar las armas en cualquier momento. Además, se debe concretar cómo va a ser la concentración de las tropas de las FARC en 27 puntos del país para la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego, sobre todo después de haberse producido ya choques armados entre el Ejército y los guerrilleros en el sur de Bolívar y en Tumaco (Nariño).

El partido uribista Centro Democrático propuso ayer celebrar de forma anticipada elecciones parlamentarias, dado que el Gobierno de Santos se ha negado a celebrar un nuevo plebiscito. El primero lo perdió el pasado 2 de octubre, cuando una mayoría de colombianos rechazaron la propuesta pactada con la guerrilla. «Si intentan desconocer la voluntad de los colombianos y aprobar un documento a la brava y con los amigos del Gobierno aquí en el Congreso, (...) será mejor convocar a nuevas elecciones y revocarlo», dijo el senador uribista Daniel Cabrales. En la misma línea se pronunciaron otros dirigentes del mismo partido.