Meloni lleva un mensaje europeísta a Bruselas

La nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acudió hoy a Bruselas para entrevistarse con los presidentes de las tres principales instituciones comunitarias en un intento de apaciguar los ánimos y como señal inequívoca de buena voluntad. Se trata de su primer viaje internacional tras ocupar su cargo hace apenas diez días, un gesto con el que quiere demostrar que, para Italia, la UE sigue siendo primordial, a pesar de que las relaciones pueden no ser idílicas en los próximos meses.

«Estoy contenta del clima con el que me he encontrado aquí en Bruselas», aseguró Meloni tras entrevistarse con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola; la de la Comisión, Ursula von der Leyen; el del Consejo, Charles Michel; y el comisario de Economía italiano, Paolo Gentiloni. «Hablar directamente con las personas puede ayudar a desmontar una narrativa sobre lo que se ha escrito del Gobierno italiano. No somos marcianos, sino personas de carne y hueso», declaró ante la prensa la primera ministra.

Pese a su carácter euroescéptico y de que su formación, Hermanos de Italia, es tachada como extrema derecha, Meloni se ha afanado en los últimos tiempos por demostrar que el león no es tan fiero como lo pintan. «Su discurso ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Tan solo se muestra inflexible en el tema migratorio», confesaba un alto diplomático europeo, poco después de que la italiana se convirtiera en la primera mujer en llevar la batuta de su país con un Gobierno en coalición con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, formación que pertenece al Partido Popular Europeo. De momento, Italia ha tenido su primer choque importante con Alemania al negarse a abrir sus puertos a los barcos de las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo y que ondean la bandera del país.

Solo el tiempo dirá si la relativa moderación y europeísmo de Meloni son una realidad o un mero espejismo. En todo caso, la nueva líder italiana se ha afanado por fichar a figuras conocidas en la arena bruselense, con las que asegurarse una buena interlocución con las instituciones europeas. El ministro de Exteriores es Antonio Tajani, ex comisario y presidente de la Eurocámara, y la cartera de Economía recae sobre Giancarlo Giorgetti, ministro de Desarrollo Económico en el Gobierno de Mario Draghi y amigo personal del ex presidente del Banco Central Europeo (BCE).

La primera visita de Meloni a Bruselas ha estado centrada en abordar el apoyo europeo a la guerra en Ucrania, los altos precios de la energía, la escalada inflacionista y el fondo de recuperación pospandemia, del que Italia es el principal beneficiado. Aunque este viaje es una primera toma de contacto, la primera ministra no oculta sus intenciones de llevar a cabo algunos cambios para adaptar el plan de inversiones y reformas, que Italia debe ejecutar a cambio del dinero europeo, a las especiales circunstancias de los altos precios de la energía. Solo el tiempo demostrará hasta qué punto existe margen de negociación o si tan solo hablamos de ajustes. De momento, Italia no ha podido tener a punto la reforma de la Justicia que Bruselas le reclama y cuya puesta en marcha estaba prevista para el 2 de noviembre, aunque Meloni se ha comprometido a que esté lista a finales de año, como Bruselas le pide a cambio de las ayudas.

De momento, a Roma no le conviene un choque de trenes con Bruselas. El próximo miércoles la Comisión Europea presentará su reforma de las normas fiscales europeas (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, metido en el congelador durante la pandemia) e Italia podría ser uno de los países más beneficiados debido a su elefantiásica deuda (150,2% del PIB tan solo por detrás de Grecia dentro de la zona euro con un 182,1%) que se torna aún más preocupante debido a la subida de tipos de interés del BCE.

Italia también es otro de los países que podrían salir más favorecidos de la puesta en marcha de nuevos instrumentos de solidaridad europeos para hacer frente a esta crisis energética. Una idea que no cuenta con el consenso en el Ejecutivo comunitario y que divide fuertemente a los socios europeos, con Alemania y Países Bajos como los principales detractores de la iniciativa, a pesar de que Berlín esta utilizando su poderío fiscal para auxiliar a su economía con 200.000 millones de euros.