Guerrero busca las claves de los 43 desaparecidos en cultivos de heroína

LA RAZÓN viaja a Ayotzinapa un año después para tratar de recomponer el caso de los estudiantes que sacudió a los mexicanos mientras los familiares claman justicia

Su madre le dijo que no, que no fuese, que ahí mataban y hacían desaparecer a estudiantes, pero Santiago no lo dudó. Llevaba 5 años intentando acceder a una licenciatura. Estudió Bachillerato en una escuela pública para gente de bajos recursos, pero no pasó el examen para entrar a la universidad del estado. Trabajó de peón en el campo, en una fábrica y probó en una universidad privada, pero no terminó el semestre porque no podía pagar las mensualidades. Este junio, cuando la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa abrió su matrícula, no lo pensó dos veces. No le importó que hace un año, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, la Policía Municipal de Iguala hubiera perseguido, detenido y hecho desaparecer a 43 estudiantes de esa misma universidad y asesinado a otros dos. El cadáver de un tercero apareció tirado y torturado. «Claro que tenía miedo al entrar, son 43 desaparecidos y tres muertos el año pasado, pero una vez llegué a Ayotzinapa y conocí la escuela vi esperanza, la posibilidad de volver a formarme académicamente y como persona», explica ahora Santiago, el mediano de siete hermanos en una familia indígena. Santiago es uno de los 168 alumnos que se presentaron el examen de ingreso para 140 plazas.

Atrás quedaron los años en que se presentaban 500 para esas mismas vacantes. Definitivamente sólo vencen el temor los que no tienen otra opción. Las escuelas normales rurales son la posibilidad para los estudiantes mexicanos más pobres de convertirse en maestros. Fueron creadas en los años 30, son internados que aseguran educación, estancia y manutención, sin pagar un solo peso. Eso sí, las instalaciones son bastante precarias y los estudiantes se encargan del mantenimiento. Esta semana, en la de Ayotzinapa, a los de primero les tocó levantarse de madrugada para salir a cortar el césped a las 6 de la mañana. Ayer, les tocó ir a marchar a México para exigir justicia por sus 3 compañeros asesinados y los 43 desaparecidos hace un año, de los que todavía no se sabe exactamente que pasó.

En noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que los jóvenes habían acudido a la ciudad para boicotear un evento de la esposa del alcalde, María Ángeles Pineda. De acuerdo con esta versión, el alcalde, José Luis Abarca, ordenó a la Policía que los detuviera. Estos municipales los habrían entregaron a un grupo de narcotraficantes, los Guerreros Unidos, que los habrían asesinado y cremado en un basurero cercano. Sin embargo, hoy en día, y con 111 detenidos, entre ellos 61 policías y el alcalde y su mujer, sólo dos restos óseos han sido identificados por los forenses. Un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana pasó seis meses auditando la investigación de la fiscalía y recopilando testimonios. Sus resultados evidenciaron muchas irregularidades, la más fuerte, que era imposible científicamente que los jóvenes hubieran sido incinerados en ese basurero. Además presentaron una nueva hipótesis: los estudiantes habrían tomado accidentalmente un autobús que transportaba heroína que debía llegar a Chicago y que habría desatado la persecución de la Policía, coludida con los narcotraficantes. «El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque», establece el informe. El experto español del grupo, Carlos Beristain, explicaba que existe un registro en Estados Unidos sobre el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, a través de autobuses y que esta hipótesis cobra fuerza con las evidencias circunstanciales que se obtuvieron.

La región de la Montaña de Guerrero es una zona escarpada, con un territorio más grande que el de toda la Comunidad Valenciana, donde las condiciones climáticas y su aislamiento geográfico la han convertido en el paraíso de los cultivos de amapola en América. Si a eso se le suma la pobreza endémica, se genera un caldo de cultivo prolífico para el crimen organizado. El tablero de los criminales se extiende más allá de la sierra, en 27.000 kilómetros que se conocen como el pentágono de la amapola y cuyos vértices de acopio son las ciudades de Iguala –donde desaparecieron los 43 estudiantes–, Chilpancingo –a 15 minutos en carretera de la Normal–, Arcelia –puerta de salida al Estado de México y hacia el Distrito Federal–, y los puertos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo. En ese tablero, pequeños grupos aliados a los grandes carteles nacionales controlan, a sangre y fuego, el territorio. Entre 2005 y 2013, el número de asesinatos se multiplicó hasta por 17. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún inmersa en ese ambiente, es para muchos la única manera de salirse de él.

«El Gobierno sólo nos da largas»

Compañeros de clase y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos encabezaron ayer una manifestación multitudinaria en la Ciudad de México para exigir que encuentren a los chicos. Los padres ni siquiera pueden hacer un duelo porque mientras no tengan siquiera un resto que enterrar, se aferraran a la posibilidad de que estén vivos. «El Gobierno nos da largas y nos confunde pero la prioridad tiene que ser encontrar a nuestros hijos sanos y salvos», exigía una madre.