Araíz del devastador atentado en Cachemira, atribuido a separatistas musulmanes, India ha desatado una contundente ofensiva contra Pakistán, que incluye la expulsión de diplomáticos, el cierre de fronteras y espacios aéreos, y la suspensión de visas. Estas acciones han intensificado la agitación en la región, reactivando un ciclo peligroso de represalias entre dos potencias nucleares. Lo más alarmante fue el anuncio de suspender unilateralmente el Tratado de Aguas del Río Indo de 1960 que reparte los recursos hídricos vitales para Pakistán. Tal decisión podría desatar una crisis humanitaria de magnitudes catastróficas y agravar la disputa histórica. En un escenario ya cargado de tensiones, cualquier error de cálculo podría llevar a ambas naciones al borde de una confrontación militar abierta.

En las últimas horas, las hostilidades han escalado, evocando los peores capítulos de la relación entre estos dos acérrimos enemigos. Las tropas paquistaníes e hindúes se enzarzaron en un tiroteo durante el jueves y viernes a lo largo de la Línea de Control en la disputada Cachemira, según fuentes oficiales. Este estallido de violencia se produjo tras el llamado de Naciones Unidas a los rivales nucleares para que ejerzan la máxima contención. Asimismo, fuerzas indias aniquilaron a Altaf Lalli, jefe militar del Lashkar-e-Taiba, en Bandipora, estado de Jammu y Cachemira. Hasta la fecha, se han destruido además seis casas de terroristas en el marco de operaciones antiterroristas.

Las chispas de la violencia volvieron a avivarse en Cachemira, región del Himalaya dividida entre India y Pakistán que ambos países consideran suya desde la partición de la India británica en 1947. El martes, una emboscada cerca de Pahalgam, la más mortífera contra civiles en un lustro, se cobró la vida de 26 turistas víctimas de la brutalidad de unos pistoleros.

La policía divulgó retratos robot de tres sospechosos, dos de ellos de nacionalidad paquistaní, identificados como integrantes del grupo islamista Lashkar-e-Taiba (LT) o «Grupo de los Puros», un movimiento islamista radicalizado sunita que opera en Cachemira desde su fundación en 1987. Si bien en un principio se atribuyó el ataque al Frente de Resistencia creado por los servicios secretos pakistaníes en 1989, sus miembros fueron asimilados por el LT tras ser vetados por las autoridades pakistaníes en 2019 junto a su brazo político, el Jamaat-e-Islami.

Los supervivientes de la masacre relataron cómo los asesinos identificaron y separaron a los hindúes de los musulmanes. Un detalle que otorga una dimensión adicional de ataque religioso, y que se relaciona con un rosario de tragedias. El LT ya fue señalado como el responsable del ataque a la estación ferroviaria y a hoteles de lujo de Bombay en noviembre de 2008 perpetrados por cachemires pakistaníes, con 173 víctimas y 327 heridos.

El gobierno ultranacionalista hindú de Nueva Delhi acusa a Pakistán de respaldar a los insurgentes y de ser responsable del «terrorismo transfronterizo». Por ello, las represalias no se hicieron esperar: todos los paquistaníes residentes en India, aproximadamente un millón según estimaciones, deberán abandonar el país antes del domingo.

Tras una insólita reunión del Comité de Seguridad Nacional, Islamabad, que ha refutado toda responsabilidad en el sabotaje, anunció represalias como la expulsión de diplomáticos y la suspensión de visados indios, así como el cierre de su frontera y espacio aéreo. Prometiendo «medidas firmes» contra las «amenazas», advirtió que cualquier intento de su vecino de reducir su suministro de agua del Indo será considerado un «acto de guerra».

Es importante señalar que, para Modi, Cachemira encarna un intrincado entramado de intereses estratégicos. La región no solo es abundante en recursos naturales, también es fundamental para el turismo y la gestión hídrica del Himalaya, esencial para el norte del país y la producción de electricidad. Sin embargo, la situación trasciende lo político; posee profundas raíces religiosas. Los residentes sienten que, desde hace cinco años, el gobierno central, bajo el liderazgo del nacionalista pro hindú, persigue un cambio demográfico. Esta estrategia, vista por muchos como un intento de reemplazar a la mayoría musulmana del 90% por población hindú, ha exacerbado el resentimiento y la desconfianza hacia el poder.

El partido Bharatiya Janata de Modi aprobó en 2019 leyes locales que restringen el voto de los musulmanes, o los matrimonios interreligiosos e incluso normas para impedir el consumo de carne de vaca, considerado un animal sagrado por los hindúes. También se estableció una Ley de Reorganización de Cachemira que militarizó la región y aumentó los procedimientos de presión de activistas y políticos cachemires. Aunque de lo más irritante para los musulmanes fue asistir a la inauguración de un templo de Ram Mandir en Ayodhya dedicado a la entidad más venerada del hinduismo. En el sitio existía antes una mezquita demolida por una turba hindú en 1992.

Así pues, las tiranteces entre las dos superpotencias nucleares, atenuadas en los últimos años, están en su punto más algido desde la masacre. Entretanto, el último destructor de misiles guiados de la Armada india, el INS Surat, realizó un lanzamiento de un misil tierra-aire de alcance medio (MRSAM) contra un objetivo de «rozado marítimo» en el océano Índico occidental. Este acto militar se produjo justo antes de que Pakistán emitiera una alarmante advertencia de «zona de navegación», que incluía disparos con munición real en el Mar Arábigo, en una extensa área crítica que abarca su litoral y Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Este despliegue de fuerza se inscribe en un clima de especulación sobre la posibilidad de que India ejecute ataques preventivos contra terroristas o sus infraestructuras al otro lado de la Línea de Control (LoC). La categórica declaración de Modi, quien afirmó que «identificará y castigará a todos los terroristas y a quienes los respaldan», ha elevado las fricciones a umbrales críticos. Esta feroz advertencia se alimenta de la memoria de respuestas anteriores a atentados como los quirúrgicos en Uri de 2016 y el bombardeo en Balakot en 2019, que dejaron claro su compromiso con una respuesta militar decisiva.

En este contexto, India se posiciona para actuar decisivamente, con un enfoque en la disuasión y la defensa de su soberanía. Podría estar delineando un robusto conjunto de opciones de defensa. La respuesta incluye ataques de artillería y cohetes dirigidos a campamentos terroristas, así como el despliegue de fuerzas especiales para operaciones encubiertas. Estas unidades están capacitadas para realizar incursiones en territorio enemigo y neutralizar objetivos de alto valor. El uso de misiles de crucero como el BrahMos le permite ejecutar agresiones de precisión a larga distancia, alcanzando objetivos estratégicos sin poner en riesgo a las fuerzas en el terreno. La Fuerza Aérea India está lista para llevar a cabo misiones, utilizando cazas avanzados para bombardeos tácticos y misiones de reconocimiento.