Johnson niega que engañase a Isabel II

El «premier» Boris Johnson niega categóricamente que hubiera engañado a Isabel II para lograr de la jefa de Estado su aprobación para derogar el Parlamento. El líder «tory» acudió ayer a su primer acto público, después de que el miércoles el máximo Tribunal de Apelación en Escocia fallara no sólo que la suspensión de la actividad en Westminster es «ilegal», sino que el responsable del Gobierno mintió a la soberana para beneficio de su estrategia política. Más de 70 diputados y lores de distintos partidos habían presentado un recurso contra el Ejecutivo. A principios de mes, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo aseguró que la suspensión de las dos Cámaras cumplía con la norma. Sin embargo, la parte demandante recurrió y los tres magistrados de la máxima autoridad judicial de Escocia ponen ahora en una situación extremadamente compleja al primer ministro.

El Gobierno ha recurrido la decisión, por lo que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de todo Reino Unido. A partir del martes, comenzará una serie de vistas donde se valorará también la apelación presentada por la empresaria Gina Miller.

La activista pro UE –que en 2016 ganó un juicio que obligó a la entonces primera ministra Theresa May a pedir permiso al Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa– presentó la semana pasada un recurso ante el Tribunal Superior de Londres, argumentando que la suspensión de Westminster constituía «un abuso de poder» por parte de Johnson. Esta corte desestimó la demanda asegurando que se trataba de una «cuestión política» no judicial, pero autorizó a Miller a recurrir su fallo ante el Supremo.

Por si fuera poco, también se espera que la máxima autoridad judicial del país resuelva un tercer pleito iniciado en Irlanda del Norte, cuyo Tribunal Superior desestimó ayer –al considerar que se trataba también de una cuestión política– una demanda interpuesta por el activista Raymond McCord, que sostiene que una salida de la UE sin pacto socavaría el proceso de paz sellado en el acuerdo de Viernes Santo de 1998. En este sentido, Johnson señaló que hay discrepancias entre las cortes, por lo que conminó a esperar el dictamen del Supremo. La situación es delicada. Entre otras cosas porque si finalmente se ratifica que mintió a la soberana, el «premier» estaría obligado a presentar su dimisión.

En cualquier caso, el líder «tory» sigue manteniendo una actitud desafiante. Asegura que negocia un pacto de Brexit con Bruselas, pero mantiene su intención de salir del bloque con o sin acuerdo para el 31 de octubre, a pesar de que se lo impide una ley promulgada por el Parlamento antes de su derogación en la madrugada del martes. En principio, sus señorías no volverán a ocupar sus asientos hasta el 14 de octubre.

Aparte de sacar adelante la normativa, la Cámara Baja también aprobó una moción que obligaba al Gobierno a publicar en su totalidad la famosa «Operación Yellowhammer». Horas antes de que cumpliera el plazo, el Ejecutivo sacó a luz el documento en la noche del miércoles. Los detalles ya habían sido adelantados por la Prensa durante el verano, pero se vino a corroborar que el divorcio sin pacto llevaría al caos: disturbios, subidas de precios, problemas de abastecimiento de comida y medicinas.

A principios de septiembre, Michael Gove, responsable de la Oficina del Gabinete, acosado por las preguntas de laboristas y liberaldemócratas, intentó desestimar los temores de los parlamentarios señalando que el escenario filtrado en agosto a «The Sunday Times» –que auguraba, por ejemplo, que el puerto de Dover (una de las principales entradas de bienes de la UE al Reino Unido) «colapsaría desde el día uno, los supermercados en algunas zonas del país quedarían sin provisiones en apenas dos días y los hospitales, sin medicinas en dos semanas»– era sólo «un razonable peor escenario posible».

Ahora, según señala la periodista Rosamund Urwin, que publicó la exclusiva, el informe que finalmente se ha desclasificado ha sufrido importantes cambios: lo que ahora es un descafeinado «razonable peor escenario posible» era antes el «escenario base» del que partían las estimaciones del Gobierno.